Alajuela, 27 dic (elmundo.cr) – El Concejo Municipal de Los Chiles aprobó una moción para investigar las causas de la improbación total del presupuesto ordinario 2025, un hecho sin precedentes que ha generado cuestionamientos a la administración municipal. El presupuesto, por un monto de ₡3.486,25 millones, fue rechazado en su totalidad por la Contraloría General de la República, debido a errores en las fórmulas de cálculo y discrepancias en los datos presentados.
Axel Solís, presidente del Concejo Municipal, expresó su indignación: “esto no es un error normal. Aquí debemos sentar un precedente y abrir una investigación para determinar responsabilidades. No se puede aceptar que algo tan grave se maneje como un error más”, según Solís, la principal responsable es la vicealcaldesa en ejercicio de la alcaldía, quien habría supervisado la elaboración del documento presupuestario.
El informe de la Contraloría General señala incumplimientos en los principios de universalidad, integridad y equilibrio presupuestario. También detalla que los errores incluyeron diferencias entre las subpartidas de gastos, inconsistencias entre los datos del acta aprobada por el Concejo y el sistema de información presupuestaria, y una falta de claridad en los montos correctos. Estos fallos imposibilitaron el análisis y aprobación del presupuesto.
Entre las repercusiones inmediatas, se encuentra la suspensión de proyectos clave, la limitación de servicios municipales y la imposibilidad de acceder a nuevos fondos. Solís enfatizó: “Este no es el nivel de gestión que Los Chiles se merece. Como regidores, tenemos la obligación de garantizar que estas situaciones no se repitan”.
Acciones inmediatas
La moción aprobada instruye a la Auditoría Interna a investigar los posibles errores y negligencias por parte de los funcionarios involucrados. Además, se solicitó a la Alcaldía Municipal y a la Dirección Financiera que presenten un presupuesto extraordinario ajustado en enero de 2025.
El documento deberá corregir los errores detectados y cumplir con los requisitos establecidos por la Contraloría. De lo contrario, el presupuesto ajustado será equivalente al del año anterior, lo que limitará aún más las operaciones municipales.
El Concejo notificará estas acciones a las partes involucradas y a la Contraloría General de la República. “Es nuestra obligación salvaguardar el interés público y tomar medidas contundentes para evitar que la mala gestión perjudique a nuestro cantón”, concluyó Solís.
Este episodio pone en evidencia los desafíos que enfrentan los gobiernos locales en la gestión de recursos públicos, destacando la necesidad de mayor rigurosidad y transparencia en los procesos administrativos.
