San José, 14 abr (elmundo.cr) – Con la firma de 40 diputados, se presentó un proyecto de ley que autoriza la flexibilización del gasto en municipalidades y concejos municipales de distrito para atender la emergencia causada por la pandemia del COVID-19, el cual concede moratorias en el pago de servicios que deben realizar los contribuyentes.
Las medidas están contenidas en el proyecto 21.922 Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión Financiera de las Municipalidades Ante la Emergencia Nacional por la Pandemia de COVID-19.
La iniciativa de ley se negoció en la mesa de temas municipales, coordinada por la diputada María José Corrales del Partido Liberación Nacional (PLN).
Corrales señaló que “la recuperación económica del país necesita de nuestras comunidades en todo el país y esto pasa ineludiblemente por la labor que realizan las municipalidades, la forma en que ejecutan los recursos y las facilidades que puedan otorgar a los contribuyentes que se han visto afectados desde el punto de vista financiero producto de esta crisis”.
El proyecto de ley reúne medidas que estaban incorporadas en otros proyectos de ley presentados a raíz de la emergencia. Contó además con el apoyo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI).
Beneficio a contribuyentes
En el caso de las personas que pagan impuestos y servicios municipales se establecen una serie de moratorias en los pagos:
- De tres trimestres a partir del trimestre de cobro vigente en la declaración del estado de emergencia en el pago de impuesto por patentes lucrativas. Para ello, el contribuyente debe demostrar una afectación del 20% de la actividad lucrativa.
- De tres trimestres o nueve meses (dependiendo del gobierno local) por concepto de tasas, precios públicos y servicios municipales.
- De nueve meses por el pago del arrendamiento de locales en mercados municipales. La persona deberá demostrar una afectación del 20% de la actividad lucrativa.
Además, los contribuyentes podrán negociar arreglos de pago este año para cancelar obligaciones por concepto de tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos y cánones por concesión.
Quien posea una licencia de patente podrá solicitar a la municipalidad la suspensión de dicha licencia hasta por un año y no pagar el impuesto correspondiente ante casos de emergencia. Podrá solicitar la reactivación de la licencia en cualquier momento, y partir de ahí se reinicia el cobro.
Flexibilización de gasto
El proyecto contempla la posibilidad que para este año y el próximo, los gobiernos locales puedan aplicar excepciones en materia de gasto. Se permite, por ejemplo, autorizar la ampliación del límite de gasto administrativo del 40% de acuerdo con la Ley de Bienes Inmuebles para la atención de la emergencia o del 50% para estos mismos efectos, cuando se trata de los ingresos ordinarios establecidos en el Código Municipal.
También, considera aplicar una excepción para que los municipios y concejos municipales no transfieran en el 2020 y 2021 el 1% de lo recaudado al Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda ni el 3% de lo recaudado a favor de la Junta Administrativa del Registro Nacional.
Se autoriza además a los bancos estatales y al Banco Popular a negociar una readecuación de deudas que tengan los gobiernos locales con estas instituciones en las condiciones de los créditos vigentes.
“De cara a la etapa que se aproxima necesitamos municipalidades fuertes, sólidas, que cuenten con una gestión administrativa eficaz que permita responder a las demandas ciudadanas en la atención de las emergencias, en la prestación de servicios esenciales para la población y que impulse la reactivación comercial, turística, de emprendimiento y de desarrollo donde el foco prioritario de atención siempre debe estar en el bienestar de las personas”, aseguró Corrales.