San José, 8 ene (elmundo.cr) – El subdirector de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José, Marvin Torres, denunció al alcalde Diego Miranda, ante la Auditoría Interna por incumplimiento de deberes.
Esto debido a que con la aprobación parcial del presupuesto municipal no existen recursos para cubrir dos plazas por servicios especiales, sin embargo, el alcalde no ha tomado las acciones pertinentes ante esta situación, indica la denuncia.
La denuncia señala que “ante la inexistencia de contenido presupuestario es jurídicamente inviable sostener los nombramientos de dichas plazas, por lo anterior debió el alcalde de acuerdo al cumplimiento de sus deberes, y obligación invigilando gestionar, notificar y diligenciar para comunicar a quienes ocupaban dichas plazas, de lo resuelto por la Contraloría General de la República”.
“Lo anterior para evitar que el Gobierno Local incurra en responsabilidad, ante la eventual presentación de reclamos administrativos de las funcionarias, quienes motivadas por el alcalde y de forma impositiva se siguen presentando a trabajar a la Municipalidad de San José, esto a pesar de la incapacidad jurídica de mantener un nombramiento y de ejecutar la obligación patrimonial del pago”, agrega.
Torres explicó que “en la actualidad ambas funcionarias se están presentando a trabajar e incluso siguen decidiendo, dirigiendo y diligenciando acorde al puesto que ocuparon durante el 2024, sin que exista la posibilidad jurídica de dicha relación laboral y su respectiva obligación o remuneración patrimonial, esto ante la mirada indiferente y el total conocimiento del alcalde aquí denunciado quien de forma impositiva y arbitraria incumple sus deberes como jerarca institucional, situación que también se esta poniendo en conocimiento del Ministerio Público”.
“Tengo conocimiento que el alcalde Miranda Méndez tal como es su costumbre de forma coactiva ejerce presiones al licenciado Rodolfo Fonseca Pérez, director Financiero y al licenciado Juan Treminio Izaba, jefe del Departamento de Presupuesto para ejecutar un proceso de modificación presupuestaria con la clara intención de subsanar uno más de los adefesios administrativos ejecutados por la actual administración, esto de forma irregular y antijuridica”, aseguró.
Lo anterior mediante un correo del día 07 de enero del 2025, donde el alcalde Miranda emite por medio de su correo institucional una manifestación externando lo siguiente:
“Al mismo tiempo les hago el recordatorio de que la modificación presupuestaria iba a estar elaborada al día de hoy, documento que hasta el momento no ha llegado. Les agradezco enviarme el documento presupuestario a la brevedad, pues debe notificarse con antelación a los miembros del concejo municipal y cada día de retraso implica una afectación mayor a los servicios de la institución, pues al día de hoy tenemos dos gerencias trabajando sin tener contenido presupuestario para ser remuneradas”.
Torres recalca que queda claro del hecho que “el alcalde aquí denunciado es conocedor de que hay 2 plazas ocupadas de forma irregular, sin que exista contenido presupuestario para ser remuneradas y que esto a la postre generara una afectación al Gobierno Local, siendo no solo confeso sobre mantener y permitir la irregularidad aquí denunciada, sino omiso del cumplimiento de sus labores y de su obligación del deber invigilando desconociendo que él tiene que asumir responsabilidad por la actividad municipal y las irregularidades que motiva y permite”.
Cabe recalcar que Torres solicitó con carácter de urgencia que se le brinde la protección establecida en la Ley N° 10437, denominada Ley de Protección de las Personas Denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales.
“Lo anterior por cuanto producto de mi correcto actuar en la denuncia de hechos presuntamente irregulares; en la actualidad ya estoy sufriendo represalias laborales en mi contra, así como conductas acosadoras, amenazantes, intimidantes y coactivas”, aseguró Torres.
