San José, 14 sep (elmundo.cr)-El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, hizo un llamado a la ciudadanía a prestar atención al debate relacionado con el presupuesto del Poder Judicial y advirtió que las modificaciones planteadas podrían tener efectos directos sobre los servicios que recibe la población.
“La ciudadanía debe tener muy claro qué está pasando con el presupuesto del Poder Judicial y sobre todo por qué esto puede afectar directamente los servicios que recibe”, afirmó Aguirre.
El jerarca defendió los mecanismos de fiscalización a los que está sometido el Poder Judicial y aseguró que la institución cumple con los controles establecidos por ley.
“El Poder Judicial siempre ha rendido cuentas”, manifestó.
Según Aguirre, la institución está sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República, así como a los controles y auditorías correspondientes. Además, aseguró que la ejecución presupuestaria del Poder Judicial supera el 95% y que la institución ha cumplido con las normas fiscales y de empleo público.
Aguirre cuestiona nuevas condiciones para utilizar recursos
El presidente de la Corte sostuvo que el problema que enfrenta actualmente el Poder Judicial no está relacionado con la fiscalización de los recursos, sino con las condiciones que se pretenden establecer para utilizar parte del presupuesto que ya fue aprobado.
“Se pretende establecer de manera exclusiva para el Poder Judicial una serie de requisitos para utilizar parte de los recursos que ya fueron presupuestados”, señaló.
De acuerdo con Aguirre, la nueva formulación presupuestaria contempla trámites y aprobaciones que involucrarían a una comisión legislativa, al plenario de la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Hacienda para liberar determinados recursos.
El jerarca marcó una diferencia entre fiscalizar el uso del dinero público y establecer condiciones sobre cuándo y cómo una institución puede disponer de sus recursos.
“Fiscalizar significa comprobar que los recursos se utilicen correctamente y conforme a la ley. Otra cosa es condicionar cuándo pueden utilizarse, cómo pueden reorganizarse o qué plazas pueden utilizarse”, explicó.
Aguirre sostuvo que este tipo de decisiones deben respetar la independencia del Poder Judicial establecida en la Constitución Política.
OIJ, tecnología y atención a víctimas
El presidente de la Corte advirtió que, desde su perspectiva, las consecuencias de que los recursos no estén disponibles cuando sean necesarios no las asumiría únicamente la institución, sino también la ciudadanía.
Entre los servicios que podrían verse relacionados con la disponibilidad presupuestaria mencionó las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tecnología, atención y protección de víctimas, el funcionamiento de los tribunales y otros servicios vinculados con la administración de justicia.
“Porque si esos recursos no están disponibles cuando se necesitan las consecuencias, las enfrenta la ciudadanía”, afirmó.
Aguirre insistió en que la discusión no debería centrarse exclusivamente en la cantidad de recursos asignados al Poder Judicial.
“Este debate no es sobre cuánto dinero se presupuesta al Poder Judicial, es sobre cuándo puede disponer de esos recursos y qué puede hacer con ellos”, manifestó.
Finalmente, el presidente de la Corte defendió la capacidad presupuestaria de la institución como un elemento necesario para garantizar la prestación de los servicios de justicia.
“Cuando defendemos el presupuesto del Poder Judicial, defendemos la capacidad de brindar justicia”, expresó.
Y agregó: “Defender la capacidad presupuestaria del Poder Judicial es defender los servicios de justicia, la seguridad y los derechos de toda la ciudadanía.”
