San José, 7 feb (elmundo.cr) – La Asamblea Legislativa deberá decidir en las próximas semanas si continúa el procedimiento necesario para que el magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, sea juzgado por supuesto tráfico de influencias a favor de varias figuras políticas.
Gamboa, suspendido de sus funciones desde finales del año pasado, fue acusado por la Fiscalía de favorecer indebidamente al alcalde de San José, Johnny Araya, para que su nombre no figurara en un expediente judicial de cara a las elecciones municipales del 2016.
Sin embargo, por tratarse de un integrante de un Supremo Poder, como lo es el Poder Judicial, el futuro del caso en su contra pasa también por la Asamblea Legislativa.
PASO A PASO
La Fiscalía General de la República es la encargada de realizar las investigaciones en contra de funcionarios integrantes de los Supremos Poderes, entre ellos, el Presidente y vicepresidentes de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados y también los ministros diplomáticos.
La investigación no requiere autorización previa, sin embargo, solamente la Fiscalía General de la República puede realizarla. Si otra Fiscalía tenía un caso en contra de un integrante de un Supremo Poder debe detener los procedimientos y trasladarlos a la institución al mando de Emilia Navas Aparicio para que allí se continúe, pues de lo contrario, el funcionario judicial será sancionado y podría causar la nulidad de todo lo actuado.
Una vez realizada la investigación, la Fiscalía debe determinar si los hechos denunciados y las pruebas recabadas son suficientes para proceder con una acusación. En el caso de Celso Gamboa eso fue así, por lo que el siguiente paso es trasladar una solicitud a la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, para que allí se vote si el caso tiene mérito para continuar o no.
En este caso, ese análisis estuvo a cargo del Magistrado de la Sala Tercera, Jesús Ramírez, quien presentó su recomendación afirmativa a la Corte Plena. Finalmente, ese órgano -por unanimidad- decidió solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad de Gamboa para que afronte la causa.
El futuro de la investigación está ahora en manos del Congreso. El procedimiento a seguir está rigurosamente delimitado en su Reglamento Interno y cualquier error de procedimiento puede, eventualmente, causar la nulidad de sus actuaciones.
En primer lugar, el Congreso debe recibir la solicitud de levantamiento de inmunidad de Celso Gamboa, lo cual se espera ocurra en los próximos días. Una vez en sus manos, debe leerla completa, incluyendo los documentos que la acompañan y conformar una Comisión especial de 3 diputados, que continuarán la investigación.
La Comisión recibirá todas las pruebas que acompañan la acusación, así como las que presente para su defensa el acusado y, posteriormente, remitirá al Plenario un informe con la recomendación de acoger o rechazar la causa.
Posteriormente, el Plenario debe leer el informe de la Comisión y los documentos en una sesión que, según lo dispuso la Sala Constitucional mediante la resolución 4182 del 2014, no puede ser secreta. Inclusive, podrá recibir un testimonio de defensa del acusado y una vez haya concluido, deberá retirarse.
El paso final es realizar una votación para levantar la inmunidad y suspender a Gamboa de su cargo como Magistrado, de forma indefinida. Para ello se requieren 38 votos de los 57 que conforman el Parlamento.
Históricamente, solo el Magistrado Óscar González ha sido sometido a ese procedimiento de levantamiento de inmunidad. Él afrontó una acusación de violación en perjuicio de una jueza, sin embargo, en el juicio realizado el año pasado se le absolvió de responsabilidad por duda.
