La Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) se detuvo en el peor momento. A puertas de definir los equipos que lucharán por el ascenso, el torneo quedó suspendido de forma indefinida tras una cadena de apelaciones que terminó por abrir una crisis jurídica, deportiva y estructural dentro de la organización.
El origen del conflicto está en la serie de octavos de final entre Municipal Desamparados y Valle FC. En la cancha no hubo discusión: el equipo dirigido por Alonso “Mariachi” Solís se impuso con un contundente 9-1 global. Sin embargo, el resultado nunca terminó de asentarse. Una apelación del cuadro limonense cambió el rumbo de la eliminatoria y, con ella, el del campeonato.
“Luego de la serie de octavos de final, en la que se logró una clasificación con bastante diferencia —con un marcador global de 9-1—, el equipo de Valle FC presenta un aviso de demanda… donde, en apariencia, mi equipo incurre en una alineación antirreglamentaria”, explicó Jeremy Umaña, presidente de Desamparados, en declaraciones brindadas a este medio.
La apelación fue aceptada por el Tribunal de Conflictos de Linafa, que revirtió el 6-1 del partido de ida y lo transformó en un 0-3 administrativo. El argumento: una supuesta irregularidad en la participación de jugadores extranjeros. El problema es que, según Desamparados, la base jurídica de esa decisión no es clara.
“Ellos plantearon de todo: alineación antirreglamentaria, inscripción fraudulenta… nunca fueron capaces de establecer con claridad el objeto de la demanda”, sostuvo Umaña .
El punto neurálgico está en la interpretación del artículo 19 del reglamento. Mientras el club asegura haber cumplido con todos los requisitos —inscripción digital en los sistemas oficiales de Linafa y FIFA Connect, además de documentación migratoria vigente—, el Tribunal introdujo un elemento adicional: la necesidad de un permiso laboral.
Ahí empezó la fractura.
“El reglamento es de aplicación directa, no es de interpretación… el artículo 19 es muy claro: el jugador debe contar con residencia o con un permiso temporal para permanecer en el país. En ningún momento se habla de un permiso laboral”, afirmó Umaña.
La contradicción es evidente. Si se exige un permiso laboral, el jugador debe ser contratado y remunerado, lo que entra en conflicto directo con el carácter aficionado de la competencia. El propio reglamento, en su artículo 46, prohíbe cualquier pago más allá de viáticos.
“Si para jugar necesitan permiso laboral, entonces hay que meterlos en planilla, pagarles… y dejan de ser aficionados. Ahí se está violentando el reglamento”, explicó el dirigente.
La incertidumbre se trasladó rápidamente al resto del torneo. Valle FC también apeló el partido de vuelta y el caso quedó en una especie de limbo. Mientras tanto, los cuartos de final avanzaron en condiciones atípicas.
“Se dieron pactos de no agresión entre dirigentes para no apelar… porque la mayoría de equipos tiene extranjeros en sus planillas”, reveló Umaña. “El torneo entró en una inseguridad jurídica total”.
El efecto colateral fue inmediato. Municipal Puntarenas, que debía enfrentar al ganador de la serie, no pudo disputar su llave. Otros equipos avanzaron, pero bajo un clima de desconfianza que terminó por desbordar la estructura del campeonato.
Ante ese escenario, Linafa tomó una decisión drástica: suspender las semifinales.
“La Comisión de Segunda B y Linafa optaron por suspender el inicio de las semifinales hasta que exista un criterio uniforme”, detalló la dirigencia de la liga.
Pero el conflicto ya había escalado más allá de lo deportivo. Desamparados llevó el caso al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) y solicitó una medida cautelar para frenar el torneo. También acudió a la Sala Constitucional.
“Estamos solicitando la suspensión inmediata del torneo… y acudimos a la Sala IV porque se está violentando el principio de igualdad”, indicó Umaña.
El cuestionamiento no se limita al fondo del caso. También apunta directamente a la estructura interna de Linafa. El hecho de que el presidente del Tribunal de Conflictos ejerza, al mismo tiempo, funciones como fiscal dentro de la liga, encendió aún más la polémica.
“El hecho de que Mariano Jiménez sea fiscal de Linafa y presida el Tribunal de Conflictos habla mal de la liga… ¿quién supervisa al que decide?”, cuestionó Umaña. “Eso, en términos jurídicos, se traduce en indefensión”.
El torneo, por ahora, no tiene fecha de reanudación. Las semifinales quedaron en pausa y los equipos esperan una resolución que devuelva claridad a la competencia.
Lo que queda es una certeza incómoda: en Linafa, el problema ya no es solo un resultado. Es la falta de reglas claras en el momento más decisivo del campeonato.
Juan Carlos Román, presidente de Linafa, dijo a este medio que él es respetuoso de la reglamentación y que no debe involucrarse en las decisiones que toma el Tribunal de Conflictos.
Y cuando eso ocurre, el fútbol deja de jugarse en la cancha.
