San José, 7 ago (elmundo.cr) – El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, acusó al Estado costarricense por regalar riqueza atunera como consecuencia de la poca regulación y gestión en esta materia, mediante omisiones ilegales de los gobiernos en la regulación y protección del recurso atunero nacional.
Este miércoles a las 8:30AM iniciará el juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo del diputado frenteamplista, Jose María Villalta, contra el Estado costarricense, el Poder Ejecutivo e Incopesca.
Entre 2008 y 2011, Costa Rica percibió por el pago de cánones de licencias de atún un ingreso promedio de $37 por tonelada de atún extraído. Mientras tanto, en el mercado internacional, cada tonelada de atún que se procesa como producto enlatado tiene un precio de $2.800, según datos revelados en un estudio de la Comisión Internacional de Atún Tropical (CIAT)
“Si esa tonelada es vendida como producto fresco puede valer entre $6.000 y $10.000”, señala un comunicado emitido por el Frente Amplio.
Otro de lo problemas que señala Villalta es la ausencia de estudios técnicos de parte del Poder Ejecutivo e Incopesca para dirigir la regulación del recurso pesquero, así como portillos que permiten el otorgamiento de licencias de pesca a particulares, sin controles establecidos.
“Es obligación del Estado proteger la soberanía de nuestros mares y velar por la explotación sostenible de los recursos naturales en beneficio de las y los habitantes del país. La falta de normativa eficiente y la incompetencia de los gobiernos ha tenido como resultado el regalo de la riqueza atunera del país a embarcaciones extranjeras”, señaló el legislador.
El diputado frenteamplista exige al Incopesca y al Poder Ejecutivo que atiendan los criterios técnicos de la CIAT sobre la utilización del metro cúbico como medida de volumen y que reconozca el valor real de los recursos marino pesqueros explotados que forman parte del Patrimonio Nacional.
Por ahora Villalta confía en alcanzar un resultado favorable en el juicio y la pronta aprobación de la Ley para Recuperar la Riqueza Atunera (expediente Nº18.862) que presentó en su anterior legislatura.