San José, 29 oct (elmundo.cr) – El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su rechazo a la exclusión de la anticoncepción de emergencia del proyecto de ley para la institucionalización legal del Protocolo de las 72 Horas y los equipos de respuesta rápida para la atención integral de víctimas de delitos sexuales.
La decisión fue comunicada este jueves, luego de que la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa aprobara recientemente el proyecto con la exclusión de este componente.
Para el órgano universitario, esta modificación representa “un retroceso preocupante en la protección de los derechos humanos y en la atención integral de las víctimas de violencia sexual”.
La UCR señaló que existe evidencia científica sobre el uso de la anticoncepción de emergencia y sostuvo que este método previene el embarazo y no es abortivo.
Además, advirtió que establecer requisitos que considera injustificados puede generar barreras y retrasar el acceso oportuno al servicio de salud, lo que comprometería la eficacia del tratamiento.
UCR pide restituir la anticoncepción de emergencia
En su pronunciamiento, la Universidad destacó que el 87 % de las víctimas de delitos sexuales son mujeres, con un impacto desproporcionado en niñas y adolescentes.
Ante ese panorama, recordó que el Estado costarricense tiene la obligación técnica, legal e internacional de garantizar mecanismos de protección oportunos y sin discriminación para las víctimas.
Por esa razón, el Consejo Universitario instó a las diputaciones a “restituir expresamente la anticoncepción de emergencia dentro del paquete de servicios elementales establecidos en este proyecto de ley”.
La institución también reiteró su disposición de aportar sus conocimientos técnicos y académicos en favor de la salud pública, la equidad de género y la defensa de los derechos fundamentales.
El pronunciamiento se suma a las manifestaciones de rechazo de distintos sectores ante los cambios aprobados en comisión al proyecto que busca dar respaldo legal al Protocolo de las 72 Horas y a los equipos de respuesta rápida para atender a víctimas de delitos sexuales.
