San José, 29 oct (elmundo.cr) – El magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya, se refirió a un eventual proyecto de reforma constitucional relacionado con la reelección presidencial y a los cuestionamientos por la mora judicial.
Durante sus declaraciones, pidió cautela antes de emitir criterios sobre iniciativas que todavía no conoce y defendió que los atrasos en la justicia deben analizarse junto con las demoras de otras instituciones del Estado.
Consultado por el proyecto de ley que se estaría impulsando en materia de reelección presidencial, Araya afirmó que desconoce su contenido y que, por tratarse de una reforma constitucional, deberá ser conocido por la Sala Constitucional.
“No lo conozco, no lo conozco, no sé de qué se trata. Es una reforma constitucional y usted bien sabe que las reformas constitucionales son consultas obligatorias ante la Sala Constitucional”, manifestó.
El magistrado indicó que no desea adelantar criterio sobre una iniciativa cuya parte técnica todavía no ha estudiado. Sin embargo, hizo una reflexión sobre experiencias internacionales relacionadas con la continuidad de los mandatarios en el poder.
“Sí le puedo hacer una reflexión sobre lo que ha ocurrido en algunos países del mundo, donde algunas reelecciones presidenciales se han convertido en reelecciones de la inmunidad y reelecciones de la impunidad”, expresó.
Araya aclaró que no estaba señalando que esa situación pudiera ocurrir en Costa Rica, pues insistió en que no conoce el proyecto.
Araya pide hablar de la mora en los tres poderes
El magistrado también respondió a los cuestionamientos por el tiempo que tardan en resolverse casos judiciales de alto perfil, como Diamante y Cochinilla, y defendió que los atrasos no siempre son responsabilidad exclusiva del Poder Judicial.
Según explicó, existen situaciones en las que la mora sí es atribuible a los órganos judiciales, pero también hay retrasos provocados por las partes involucradas en los procesos.
“Hay ocasiones en que el tema de la mora puede ser imputable a los jueces y ahí sí asumimos nosotros plena responsabilidad. Pero muchas veces, si usted analiza ese expediente, muchos de los atrasos obedecen a las partes”, señaló.
Como ejemplo, mencionó audiencias programadas con varios meses de anticipación que deben reprogramarse por la ausencia de abogados o por conflictos de agenda.
Araya también cuestionó que el debate público se concentre únicamente en los atrasos judiciales, sin considerar las demoras que existen en otras instituciones.
“Hablemos de moras, pero hablemos de moras parejo”, insistió.
En ese sentido, mencionó los atrasos en educación, salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Asamblea Legislativa. También señaló la demora en el nombramiento de magistrados suplentes, que, según indicó, estaba por cumplir un año.
El magistrado afirmó que la Sala Constitucional tiene alrededor de 47.000 expedientes y utilizó esa cifra para ejemplificar la magnitud de los asuntos pendientes dentro del sistema.
“Si no existieran moras en Costa Rica, la Sala Constitucional no tendría 47 mil expedientes. ¿Qué significan 47 mil expedientes? 47 mil moras”, manifestó.
Finalmente, defendió que el Poder Judicial se somete voluntariamente a evaluaciones sobre su funcionamiento y pidió que los atrasos del Estado se analicen de manera integral.
“El Poder Judicial es el único poder del Estado que se somete a una evaluación espontánea por parte del Programa Estado de la Justicia. Ningún poder del Estado se somete a una evaluación de esas”, afirmó.
Araya concluyó que el análisis de la mora debe incluir a los tres poderes de la República y no limitarse a los retrasos que enfrenta el sistema judicial.
