San José, 15 nov (elmundo.cr) – La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la nueva convención colectiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).
Para los empresarios agrupados en esa organización, si bien por primera vez esa convención se renegoció a la baja, existen siete artículos que son “desproporcionados y abusivos”.
“El sector empresarial impugnó estos beneficios por irracionales y desproporcionados, pues los mismos serán cargados directamente al presupuesto institucional, lo que genera un uso abusivo e indebido de los fondos públicos, generando una afectación al país y los consumidores”, dijo la Unión de Cámaras en un comunicado de prensa.
La denuncia ante el máximo tribunal de la Corte Suprema de Justicia recae en los permisos con goce de salario a los funcionarios de RECOPE, para que estos reciban charlas y seminarios fuera de Costa Rica.
Asimismo, cuestionan el asueto que tendrían los trabajadores de la empresa estatal durante la celebración de fiestas patronales o cívicas en el cantón que residan, sin que se les rebaje el salario por haber faltado ese día; los subsidios para la compra de anteojos; salario extra por peligrosidad; pago de auxilio de cesantía hasta por trabajar un mes; $3000 dólares anuales adicionales al salario por estar becados y permisos de ausencia por hasta 142 días a los miembros de la Junta Directiva del sindicato.
“Esto es abusivo y tiene que frenarse de inmediato. ¿Dónde están las medidas de austeridad y los ajustes que necesita este país?, ¿Cuál es el impacto que producen estos beneficios en términos de mayor eficiencia y eficacia en los servicios que brindan estos colaboradores y la institución? ¿Por qué los costarricenses debemos pagar estos beneficios irracionales de unos pocos?; sin duda, estos privilegios son innecesarios y se deben detener”, cuestionó Franco Arturo Pacheco, presidente de UCCAEP.
Para el empresario, el recorte que se le realizó a la convención colectiva de la empresa estatal “fue insignificante”, ya que afirma, que cerca del 95% de los privilegios incluidos en ella quedaron intactos.
“Habíamos anunciado que presentaríamos una serie de acciones para frenar estos abusos, pues debemos evitar que los consumidores sigamos financiando vía tarifas, los privilegios de funcionarios del sector público y que también afectan la competitividad del país”, dijo el presidente de la UCCAEP.
La acción de inconstitucionalidad tiene una extensión de 10 páginas y se tramitará en el expediente 16-016066-0007-CO.
La Sala Constitucional demora en promedio, 15 meses en resolver acciones de inconstitucionalidad.
Actualmente se encuentra presentada otra acción de inconstitucionalidad contra la convención colectiva de RECOPE. La misma fue presentada por el diputado Otto Guevara del Movimiento Libertario.
Recientemente, la Sala Constitucional le dio la razón a Sara Salazar, presidenta ejecutiva de RECOPE, al haber impugnado la realización de fiestas de funcionarios de RECOPE, pagadas con fondos públicos.
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