San José, 25 ene (elmundo.cr) – El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) declaró inadmisible la demanda de €261 millones de euros de la empresa Supervisión y Control S.A. (RITEVE) contra el Estado de Costa Rica.
Así lo informó este miércoles el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) mediante un comunicado de prensa.
Según el ministerio, el arbitraje fue iniciado por la empresa española dueña de RITEVE, reclamando que Costa Rica no efectuó reajustes en la tarifa asignada a la revisión técnica vehicular, causándole un daño económico equivalente a 154.299 millones de colones.
En el laudo arbitral emitido por el Tribunal, los argumentos de admisibilidad de la reclamación presentados por el Gobierno de Costa Rica fueron acogidos en su totalidad.
“Se determinó que los reclamos presentados por Supervisión y Control, no cumplieron con los requisitos de admisibilidad de conformidad con el acuerdo internacional de inversión invocado. El Tribunal consideró también que las acciones ejercidas en el juicio interpuesto por RITEVE ante el tribunal nacional y en el arbitraje, comparten una misma causa fundamental, y persiguen los mismos efectos. Por ello, al haber sido conocidas en jurisdicción nacional, no procedía que la controversia fuera presentada de nuevo en un proceso internacional”, explicó COMEX.
La cabeza del ministerio, Alexánder Mora afirmó que se trata de un resultado extraordinario y trascendental para el Estado costarricense.
“El laudo confirma que Costa Rica ha cumplido con los compromisos internacionales adquiridos y en el marco de su Estado de Derecho mantiene su compromiso de brindar reglas claras y seguridad jurídica a inversionistas que operan en el país”, manifestó el Ministro.
“Costa Rica ha tenido una experiencia positiva en el uso de este mecanismo, que es una pieza fundamental del entorno que ofrecemos en nuestra propuesta de valor a quienes establecen sus proyectos de inversión en el país”, agregó.
El equipo costarricense encargado de la defensa del Estado en esta demanda estuvo a cargo de la firma legal internacional Arnold & Porter Kaye Scholer, con la asistencia y coordinación del Ministerio de Comercio Exterior.
