Redacción, 16 nov (elmundo.cr) – El Tribunal Electoral Estudiantil Universitario (TEEU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) decidió suspender las elecciones federativas, programadas para este jueves y viernes, luego de una medida cautelar emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).
Así lo anunció la noche de este miércoles el órgano electoral universitario, luego de que trascendiera de la medida dictada por el juez Rodrigo Huertas Durán, quien acogió una medida cautelar ante causam a favor de los representantes de partido político ET.
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Lo anterior, porque dicho órgano electoral le negó la inscripción a dicho partido, “al no haber cumplido con todos los requisitos establecidos tanto en el Estatuto Orgánico de la Federación de Estudiantes, Reglamento de Elecciones Federativas como en la Resolución REES TEEU-009-2017 Convocatoria a Elecciones Federativas”, según dice la resolución RES TEEU-016-2017.
El juez ordenó la suspensión de los comicios universitarios, ya que el caso interpuesto en la vía contenciosa administrativa cabe dentro del supuesto de urgencia establecido en el artículo 25 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
“Se ordena al Tribunal Electoral Estudiantil Universitario (TEEU) el suspender el procedimiento electoral previsto para los días jueves 16 y viernes 17 de Noviembre del año en curso, con el fin de evitar daños o perjuicios que se puedan causar en la esfera jurídica de las partes gestionantes, y con el fin además de garantizar la efectividad de la medida cautelar definitiva que se promueve”, dice la resolución de la cual EL MUNDO tiene copia.
La Rectoría de la Universidad de Costa Rica fue notificada de la resolución judicial durante la tarde de este miércoles, según consta en un documento en poder de este diario, así como la confirmación de una funcionaria de la Administración.
La UCR tiene tres días hábiles para contestar al caso interpuesto por los representantes de ET y hasta que el juez disponga lo contrario, los comicios estarán suspendidos.
Según el artículo 314 de la legislación penal, si el TEEU no acataba la orden judicial, “se impondrá prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se haya comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia detención”.
