San José, 24 jul (elmundo.cr) – El economista Ronulfo Ximenez cuestionó la propuesta de elevar del 1% al 13% el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a los productos de la canasta básica y advirtió que una medida de este tipo podría generar importantes dificultades para el Estado, especialmente a la hora de identificar quiénes deberían continuar pagando una tarifa reducida.
En una publicación realizada en sus redes sociales, Ximénez señaló que la idea de aumentar el IVA de la canasta básica no es nueva y que, en ocasiones anteriores, se ha planteado y posteriormente descartado.
Según explicó el economista, desde una perspectiva teórica podría parecer razonable establecer que los hogares con mayores ingresos paguen el IVA completo por productos como arroz, frijoles y otros bienes de consumo básico, mientras que las personas de menores recursos mantengan una tarifa del 1%.
Sin embargo, Ximénez considera que el principal problema está en determinar quiénes son realmente las personas pobres que deberían recibir ese tratamiento diferenciado.
“¿Quiénes son los pobres?”, planteó el economista al referirse a la dificultad de establecer una clasificación precisa de los hogares que deberían beneficiarse de una tarifa reducida.
A su juicio, asumir que las personas en condición de pobreza son únicamente aquellas que aparecen registradas en las bases de datos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) sería un error, debido a que no todas las personas que enfrentan una situación de pobreza necesariamente están incluidas en esos registros.
Ximénez también destacó que la pobreza es una condición dinámica y que existen hogares que pueden entrar y salir de esa situación de un año a otro.
En ese sentido, explicó que una persona que pierde su empleo podría caer en condición de pobreza, de acuerdo con la línea de pobreza utilizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), pero posteriormente dejar esa condición al conseguir nuevamente un trabajo.
El economista también hizo énfasis en que los criterios utilizados por el INEC para medir la pobreza no son los mismos que emplea el IMAS para determinar quiénes pueden acceder a sus programas sociales.
Por esta razón, según Ximénez, utilizar exclusivamente una base de datos institucional para definir quiénes deben pagar un IVA reducido podría dejar por fuera a hogares que, aunque no estén registrados como beneficiarios, atraviesan una situación económica vulnerable.
“La sociedad no es binaria”, señaló el economista en su reflexión, al cuestionar la idea de dividir a la población únicamente entre pobres y ricos.
Según su planteamiento, existe un amplio grupo de familias que podrían no ser consideradas oficialmente pobres bajo los criterios del IMAS o del INEC, pero que sí enfrentan una situación de vulnerabilidad económica y podrían verse afectadas por un aumento del IVA sobre los productos de consumo básico.
Ximénez también expresó dudas sobre la capacidad de implementar y fiscalizar una medida de este tipo. Entre los riesgos que identifica está la posibilidad de que hogares que no deberían recibir el beneficio logren acceder a él, así como la eventual dificultad de controlar y mantener actualizadas las bases de datos utilizadas para determinar quiénes califican.
El economista incluso advirtió sobre el riesgo de que la base de datos del IMAS pueda “inflarse artificialmente” si el acceso a una tarifa diferenciada de IVA genera incentivos para que más personas busquen ser incorporadas al registro.
La discusión planteada por Ximénez se produce en medio del debate sobre el futuro de la estructura del IVA y el tratamiento tributario de los productos de la canasta básica. Para el economista, cualquier eventual modificación debería considerar la complejidad de identificar a las personas que realmente necesitan una protección especial, tomando en cuenta que las condiciones económicas de los hogares pueden cambiar con rapidez.
Su principal cuestionamiento, según expuso, es que una política diseñada sobre la premisa de que la población puede dividirse de manera sencilla entre “pobres” y “ricos” podría no reflejar la realidad económica de una parte importante de las familias costarricenses.
