San José, 14 nov (elmundo.cr) – La Asociación de Transportistas de Turismo de Costa Rica (ASOTRANSTUR), en conjunto con otras organizaciones de transporte de estudiantes, trabajadores y turismo, coordina la contratación de una firma de abogados para emprender acciones legales contra el canon de regulación establecido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
La organización informó, mediante una publicación en Facebook dirigida a sus asociados, que las agrupaciones se encuentran trabajando conjuntamente para definir la contratación de los profesionales que asumirían la estrategia jurídica contra el cobro.
Como parte de la iniciativa, las asociaciones solicitarán apoyo económico al sector para cubrir los gastos legales. Sin embargo, ASOTRANSTUR aclaró que todavía se encuentran definiendo los detalles del proceso de recaudación.
La asociación pidió expresamente a los transportistas esperar el comunicado oficial antes de realizar cualquier aporte, con el objetivo de garantizar que la gestión se desarrolle de manera ordenada, transparente y coordinada entre las organizaciones participantes.
Disconformidad con el nuevo canon
El anuncio se produce en medio de una creciente oposición de los transportistas especiales al nuevo canon de regulación de ARESEP, cuyo cobro comenzaría en 2027 para el transporte de trabajadores y posteriormente se extendería a las modalidades de transporte estudiantil y turístico.
El pasado 10 de noviembre, representantes del sector participaron en una reunión con ARESEP para abordar las inquietudes relacionadas con la implementación de la nueva regulación.
Ese mismo día, transportistas agrupados en la Asociación de Transportistas Especiales (ATRAE SOS) realizaron una manifestación frente a las instalaciones de la institución, en protesta por los nuevos cobros que se incorporarían al marchamo 2027.
Uno de los principales cuestionamientos del sector es que el canon de ARESEP se sumaría a las obligaciones económicas que ya deben cancelar ante el Consejo de Transporte Público (CTP), lo que, según los gremios, incrementaría los costos de operación de las empresas.
ARESEP defiende la legalidad del cobro
Por su parte, ARESEP sostiene que el canon tiene fundamento en las leyes N.° 7593 y N.° 3503, que establecen sus competencias en materia de regulación de los servicios públicos.
La institución también señaló que el monto correspondiente al transporte especial de trabajadores se calculó mediante una metodología institucional y que sería aproximadamente un 25% inferior al canon que actualmente pagan los operadores ante el CTP.
ARESEP indicó, además, que mantendrá espacios de diálogo con los representantes del sector para analizar aspectos técnicos de la metodología de cálculo y los mecanismos de recaudación.
La eventual contratación de una firma de abogados por parte de las asociaciones marcaría una nueva etapa en el conflicto entre los transportistas especiales y el ente regulador.
Por el momento, ASOTRANSTUR no ha detallado públicamente cuáles serían las acciones judiciales específicas, el despacho legal que asumiría el caso ni el monto que se solicitará a los transportistas para financiar la iniciativa.
