San José, 14 nov (elmundo.cr) – La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) informó que la Procuraduría General de la República (PGR) respaldó los argumentos de la acción de inconstitucionalidad que presentó contra la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que atribuye a los concejos municipales la potestad de investigar y sancionar a alcaldes e intendentes por presuntas faltas al deber de probidad.
En un comunicado divulgado este viernes 13 de noviembre, la organización señaló que la Procuraduría presentó un informe el pasado 29 de octubre ante la Sala Constitucional, dentro del expediente 26-034453-0007-CO.
Según ANAI, en ese documento la PGR consideró que el juzgamiento de este tipo de faltas “debe ser realizado por un órgano imparcial y objetivo, con respeto pleno a las garantías del derecho de defensa y del debido proceso reguladas tanto en la normativa interna, como en las disposiciones internacionales aplicables a nuestro país”.
La asociación también indicó que, de acuerdo con el criterio de la Procuraduría, la doctrina del TSE podría infringir el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), debido a que el juzgamiento de esas faltas correspondería a un juez mediante un proceso penal y no a un órgano administrativo como el concejo municipal.
ANAI señaló que la PGR fundamentó su posición en el caso Petro Urrego contra Colombia, cuya sentencia fue emitida el 8 de julio de 2020.
Presidente de ANAI cuestiona papel de los concejos municipales
El presidente de ANAI y alcalde de San Carlos, Juan Diego González, manifestó su satisfacción con el pronunciamiento de la Procuraduría y defendió que las investigaciones contra alcaldes deben estar a cargo de instancias independientes.
“No es un órgano político como los concejos municipales quienes deben investigar las faltas o el deber de la probidad de los alcaldes. Tiene que ser un órgano objetivo e imparcial”, afirmó González.
El jerarca agregó que el criterio de la Procuraduría respalda los argumentos que la asociación ha planteado ante la Sala Constitucional.
“Vemos con muchísima satisfacción el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, que respalda las tesis y los argumentos que ha defendido la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes, e incluso señala la Procuraduría que esto podría ser violatorio de la Convención Americana de los Derechos Humanos”, expresó.
González aseguró que ANAI continuará promoviendo la acción de inconstitucionalidad contra la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones.
“Es por ello que desde ANAI continuaremos promoviendo esta acción de inconstitucionalidad que objeta la jurisprudencia que ha venido emitiendo el Tribunal Supremo de Elecciones en esta materia”, añadió.
ANAI advierte sobre posibles intereses políticos
En el comunicado, la asociación sostuvo que atribuir potestades disciplinarias a los concejos municipales representa un riesgo, debido a que estos órganos tienen naturaleza política y, según su criterio, no necesariamente reúnen las condiciones de independencia e imparcialidad requeridas para juzgar a funcionarios elegidos mediante el voto popular.
ANAI advirtió que las mayorías políticas de un concejo podrían favorecer a funcionarios de su misma agrupación o impulsar sanciones contra autoridades de partidos rivales, independientemente de la gravedad de los hechos investigados.
La organización también señaló que los integrantes de los concejos municipales, por lo general, no cuentan con formación jurídica especializada para valorar pruebas en procedimientos sancionatorios complejos.
Cuestionan competencias entre Concejo y Alcaldía
Otro de los argumentos expuestos por ANAI se relaciona con la estructura constitucional del Gobierno Municipal.
La asociación recordó que el artículo 169 de la Constitución Política establece que el Gobierno Municipal está integrado por un cuerpo deliberante y un funcionario ejecutivo.
A partir de esa disposición, ANAI sostiene que el Concejo Municipal y la Alcaldía son órganos diferenciados, con competencias propias y bajo una relación de coordinación, no de subordinación jerárquica.
Por ello, cuestiona que los concejos puedan asumir potestades disciplinarias sobre los alcaldes que, según la organización, no están expresamente establecidas en la legislación.
El comunicado también hace referencia al artículo 13, inciso o), del Código Municipal, que faculta al Concejo para comunicar al Tribunal Supremo de Elecciones las faltas que justifiquen la remoción automática de funcionarios.
Sin embargo, ANAI sostiene que esa disposición no le otorga expresamente al Concejo las funciones de investigar, instruir procedimientos e imponer sanciones.
La asociación considera que esta situación podría representar una violación del principio de reserva de ley en materia sancionatoria, debido a que el ejercicio de esas potestades requiere una habilitación legal suficientemente determinada.
Finalmente, ANAI informó que trabaja en una propuesta legislativa para establecer un marco jurídico específico que regule la investigación, los procedimientos administrativos sancionatorios y la aplicación de sanciones a alcaldes, vicealcaldes, intendentes y viceintendentes.
La acción de inconstitucionalidad continúa pendiente de resolución por parte de la Sala Constitucional. El criterio de la Procuraduría forma parte del proceso y no constituye, por sí mismo, un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la jurisprudencia cuestionada.
