Al igual que cada año y de acuerdo a lo que establece la Constitución Política, el Gobierno de la República presentó su plan de gastos para el 2017, el pasado jueves 1° de setiembre.
Siendo esta la única ley que debe ser aprobada en un plazo determinado, el Reglamento establece que durante el mes de setiembre y mediados de octubre, la Comisión de Asuntos Hacendarios deberá rendir un informe al Plenario, el cual debe votarlo, afirmativa o negativamente antes del 29 de noviembre.
Tal y como lo ha informado la prensa, el monto presupuestado es de ¢8.9 billones de colones, o sea un 12% más alto que el del año anterior, ello a pesar de que la inflación del 2016, según estimaciones del Banco Central rondará entre el 2% y el 4%.
El Gobierno aduce que este crecimiento se justifica en varios factores. El primero de ellos, ciertamente ineludible es que el 6% tendrá que destinarse a la amortización de la deuda pública, lo cual significa alrededor de un 33% del total. Se señala asimismo que la aprobación de nuevas leyes como la Reforma Procesal Laboral y el Código Procesal Civil implicarán nuevas erogaciones para su puesta en marcha.
El asunto sin embargo no es tan sencillo y a primera vista pareciera, una vez más, que el orden prioridades de este Gobierno no es acorde con las necesidades más urgentes de la población.
Lo primero que salta a la vista es el recorte en el presupuesto destinado al Ministerio de Seguridad Pública, al cual se le reducen ¢8 mil millones con respecto al 2016 y ¢21 mil millones en comparación con el 2015, lo cual, parafraseando a la Viceministra de Seguridad significa que no habrá más contrataciones de policías, ni plata para equipos, y menos para arreglar delegaciones o comprar patrullas, helicópteros, botes para guardacostas, chalecos antibalas, entre otros.
Una situación inexplicable en medio del incremento de denuncias por robo, asesinato y lucha entre pandillas ligadas al narcotráfico y el crimen organizado, a lo cual se suman las consecuencias de la crisis humanitaria provocada por las migraciones masivas de este último año.
En comparación con esta situación, hay al menos dos rubros que llaman la atención. El primero es el destinado al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2017 el cual contará con un aumento de casi ¢38 mil millones lo cual significa un incremento del 8,6% con respecto al FEES 2016.Como ocurrió el año pasado, el aumento supera en forma importante las estimaciones de inflación y aunque admitimos la importancia de la educación superior, así como la existencia de un compromiso constitucional de financiamiento, lo cierto es que al menos en el caso de la Universidad de Costa Rica ha sido el mismo Rector quien ha denunciado el excesivo monto que gasta este centro de educación en pluses salariales que, en comparación con otras instituciones públicas, son desproporcionados y le significan grandes erogaciones.
Otra de las prioridades incomprensibles, especialmente en la era de las comunicaciones satelitales y de las delegaciones mínimas que estilan los países pobres, es el gasto presupuestado en el rubro de viajes del Ejecutivo para el cual se han solicitado ¢77 millones de colones más que el año anterior, lo cual significa un crecimiento del 7.8%, justificado según la Presidencia en los compromisos adquiridos para el ingreso de Costa Rica a la OCDE.
El país recordará que hace tan solo unas semanas surgió una polémica en torno al mecanismo y los controles que la Administración Solís emplearía para gastar los recursos que el Banco Centroamericano de Integración Económica le otorga a cada uno de los países de la región. Se trata de un millón de dólares, ¢550 millones de colones discrecionales, o sea que cada Gobierno puede utilizar de la manera que considere más conveniente.
Independientemente de la polémica en cuanto a los mecanismos de gasto sobre lo que no hay cuestionamiento legal, lo cierto es que el BCIE ha girado ya, más de la mitad del dinero para gastos de publicidad, imagen y apoyo a programas gubernamentales.
Inevitablemente surgen varias preguntas. ¿Es esa una prioridad? ¿No habría sido más conveniente reforzar al Ministerio de Seguridad? ¿Sabe ya el Gobierno en que va a gastar la otra mitad de esos recursos?
Discrecionales o no, en el marco de la discusión de un presupuesto colmado de obligaciones y restricciones, será inevitable una rendición de cuentas sobre las prioridades de la Administración Solís Rivera, porque es el presupuesto y la asignación de recursos, no los discursos, los que muestran el verdadero rumbo de cada Gobierno.
