San José, 15 jul (elmundo.cr) – La Presidencia de la Asamblea Legislativa oficializó la devolución a la Corte Suprema de Justicia de la nómina de candidatos para magistrados suplentes de la Sala Constitucional, tras constatar la imposibilidad de alcanzar el consenso necesario para realizar los nombramientos.
La decisión, que recae sobre el expediente N° 25258, se fundamenta en el agotamiento material del procedimiento, luego de que el Plenario Legislativo realizara once rondas de votación sin que ninguno de los postulados lograra la mayoría calificada de 38 votos exigida por el artículo 158 de la Constitución Política.
En la resolución, la Presidencia del Congreso enfatiza que la potestad de elección conferida a los diputados no es una obligación de ratificación automática, sino una función que requiere deliberación y construcción de consensos.
“La falta de obtención de dicha mayoría calificada no constituye un incumplimiento de la Asamblea Legislativa, sino la manifestación legítima del funcionamiento del propio mecanismo constitucional”, señala el documento.
Asimismo, la resolución destaca que la nómina remitida originalmente por el Poder Judicial estaba integrada por 18 personas, cifra inferior a las 24 candidaturas que establece el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo cual limitó el margen de deliberación parlamentaria.
Para la Presidencia legislativa, persistir en la votación de una lista que ha demostrado ser incapaz de generar acuerdos es una práctica que contraviene los principios de eficacia, razonabilidad y economía procesal.
“La devolución de la nómina no constituye una censura al procedimiento de selección realizado por la Corte Suprema de Justicia. Constituye, más bien, un llamado institucional a ejercer nuevamente la competencia constitucional de propuesta”, añade el texto.
La Presidencia del Congreso solicitó formalmente a la Corte que proceda a conformar una nueva nómina de 24 personas candidatas, utilizando los concursos actualmente en trámite, con el fin de ofrecer una base renovada que permita destrabar el proceso y garantizar la continuidad del servicio público de administración de justicia.
La resolución subraya que esta medida busca armonizar la colaboración entre Poderes del Estado, evitando la parálisis institucional y respetando la separación de funciones establecida por el Constituyente.
