He leído con detenimiento el comunicado del Frente Amplio contra la diputada Kattia Calvo, y confieso que me produjo una mezcla de asombro y pedagogía involuntaria: pocas veces un texto ilustra con tanta claridad la técnica retórica de quien pretende discutir una palabra para no discutir un expediente. Como mujer formada en administración de proyectos y en gestión pública, estoy convencida de que los adjetivos se debaten, pero los números se verifican. Y los números, en este caso, no acompañan al Frente Amplio.
Empecemos por lo obvio. La expresión de la diputada Calvo fue dura, y en política las palabras importan. Pero resulta cuando menos curioso que la lección de mesura la imparta una fracción cuyo comunicado —en apenas unos párrafos— acusa a una legisladora electa de “acto violento”, de “autoritarismo” y de aspirar a “dictadorzuela”, y cuyo jefe de fracción, don José María Villalta, justificó el Pacto Patriótico invocando la lucha contra “el fascismo”. Quien tilda de fascista al adversario cada vez que pierde una votación no está en condiciones morales de escandalizarse por una metáfora ajena. La deshumanización retórica, si es reprochable —y lo es—, lo es en ambas direcciones. El Frente Amplio no pide respeto: pide monopolio del insulto.
Superado el episodio semántico, vayamos a lo que la fracción frenteamplista “prefiere no discutir”, para usar su propia fórmula: su expediente de obstrucción parlamentaria, que es público, cuantificable y devastador.
Primero. Según reportó CRHoy en abril de este año, el Frente Amplio presentó 2.564 mociones de fondo contra el proyecto de jornadas laborales, un mecanismo que mantuvo bloqueado el Plenario legislativo durante siete meses, entre julio de 2025 y febrero de 2026. Siete meses. No siete sesiones: siete meses en los que la Asamblea Legislativa de la República quedó reducida a una máquina de votar mociones idénticas en serie, mientras el país esperaba legislación en seguridad, empleo e inversión. Aquello no fue deliberación: fue la conversión del Reglamento legislativo en instrumento de veto de minoría. Se le llama filibusterismo, y ningún manual de teoría democrática lo confunde con el diálogo.
Segundo. En enero de 2026, el expediente 24.015 —para habilitar la contratación de médicos especialistas y atacar las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social— sufrió el mismo tratamiento. La entonces ministra de Salud denunció que el bloqueo de Liberación Nacional y el Frente Amplio obligaba a dedicar decenas de horas al trámite de mociones, cada una con consumo de hasta veinte minutos, postergando por meses una ley urgente para los asegurados. Nótese la ironía: la misma fracción que hoy dice defender a la Caja y las listas de espera es la que retrasó, moción tras moción, el proyecto que buscaba llevar especialistas a las clínicas y hospitales. Defender a la Caja en un comunicado y bloquearla en el plenario no es coherencia programática; es marketing político.
Tercero. El patrón continúa en la legislatura actual. En el trámite del proyecto sobre Crucitas, tras un acuerdo público entre fracciones para retirar mociones, el expediente seguía cargando, según reportó Delfino.cr este mismo mes, más de 620 mociones pendientes, con acusaciones cruzadas de incumplimiento. Y el pasado 29 de junio —el mismo día, casualmente, en que se firmaba con solemnidad el Pacto Patriótico— la ausencia de veinte diputaciones impidió sesionar al Plenario por primera vez en el período constitucional; tres de las siete curules del Frente Amplio estaban vacías, con la insólita explicación, recogida por La Nación, de un ascensor atascado. Se puede firmar un pacto “por la democracia” en el Salón de Expresidentes y, horas después, dejar sin cuórum al primer poder de la República. Lo que no se puede es pretender que la ciudadanía no tome nota.
Sobre el célebre Pacto Patriótico, conviene también precisión. Nadie ha dicho que sea una conspiración; lo que es, con exactitud, es un acuerdo político entre tres bancadas que perdieron las elecciones y un conjunto de organizaciones mayoritariamente sindicales. Es legítimo. Pero no es “el pueblo”. Tan poco lo es, que la propia Secretaría del PLN reconoció públicamente que el pacto fue suscrito por su jefe de fracción sin que los órganos de dirección del partido lo hubieran conocido ni deliberado, y la Cámara de Industrias aclaró que ni ella ni las cámaras empresariales representativas participaron en su elaboración, pese a que el documento invoca al “sector empresarial”. Un pacto que no pasó por las instancias democráticas internas de su principal firmante, y que atribuye representaciones que sus supuestos representados desmienten, debería administrar con más prudencia la palabra “democracia”.
Y aquí llegamos al fondo doctrinario, que es donde el comunicado frenteamplista más flaquea. Dice el Frente Amplio que “la democracia no se mide en cuáles votos se imponen, sino en acuerdos que construyen”. Bella frase, falsa premisa. La democracia representativa se funda, precisamente, en que las mayorías deciden y las minorías fiscalizan, proponen y controlan, con plenas garantías, pero sin derecho de veto. El pueblo costarricense entregó 31 curules a una fuerza política y 7 al Frente Amplio; respetar la pluralidad no significa que 7 valgan lo mismo que 31, ni que 2.564 mociones sustituyan a un solo argumento persuasivo. Cuando una minoría convierte el trámite en trinchera para impedir que la mayoría legisle, no está ejerciendo oposición: está confiscando el mandato ajeno. Eso también tiene un costo democrático, y lo pagan los pacientes en lista de espera, los jóvenes sin empleo formal y las comunidades que aguardan infraestructura y seguridad.
La diputada Calvo podrá revisar su vocabulario si ella lo considera de mi parte ha sido de lo mejor de la asamblea . Pero el Frente Amplio debería revisar algo bastante más oneroso para el país: una estrategia parlamentaria que ha hecho del atraso su principal producto legislativo. Porque al final, la ciudadanía no juzgará esta legislatura por quién pronunció la palabra más áspera, sino por quién dejó al país siete meses sin plenario, quién demoró la ley de especialistas médicos y quién faltó al cuórum el mismo día que juraba defender la institucionalidad. Los datos están ahí. Y los datos, a diferencia de los comunicados, no gritan: simplemente no mienten.
