San José, 15 jul (elmundo.cr) – El exdiputado Ariel Robles Barrantes aprovechó un hecho de violencia ocurrido en vía pública, en el que una mujer fue agredida frente a su hija por un conductor, para vincular el incidente con el clima político nacional y responsabilizar indirectamente al discurso de las autoridades del país.
En una publicación titulada “Caminar por una calle en la que nadie golpee a nadie”, Robles condenó la agresión física, calificándola como una muestra de una sociedad que ha normalizado la violencia.
Sin embargo, posteriormente trasladó el foco de su mensaje hacia la política nacional, al afirmar que “un señor con poder grita y agrede desde el máximo micrófono que se puede tener”, en una referencia que diversos sectores interpretan como dirigida al Poder Ejecutivo.
Para el legislador, ese supuesto “modelaje social” explicaría el aumento de conductas violentas, al sostener que la burla, los apodos, el desprecio y el maltrato terminan siendo replicados por la ciudadanía.
No obstante, distintos analistas han advertido en múltiples ocasiones sobre el riesgo de convertir hechos delictivos o tragedias personales en herramientas del debate político, ya que ello puede desviar la atención de las víctimas y trasladar la discusión hacia la confrontación partidaria.
La agresión sufrida por la mujer y su hija ha generado un amplio rechazo público, así como llamados para que el responsable enfrente las consecuencias legales correspondientes. Sin embargo, utilizar este tipo de episodios para establecer responsabilidades políticas generales o reforzar narrativas partidarias puede contribuir a una mayor polarización del debate público, en lugar de centrar la discusión en la protección de las víctimas, la aplicación de la ley y la prevención efectiva de la violencia.
En su mensaje, Robles concluyó haciendo un llamado a fortalecer valores como la empatía, la solidaridad, el respeto y el amor, afirmando que desea vivir “en una calle en la que nunca nadie golpee a otra persona”.
La discusión que ha generado su publicación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites entre el análisis político y la instrumentalización de hechos de violencia para respaldar posiciones ideológicas, una práctica que diversos sectores consideran inconveniente cuando los casos aún están siendo investigados o afectan directamente a víctimas específicas.
