San José, 06 may (elmundo.cr) – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministerio de Educación Pública (MEP) tomar medidas eficaces que terminen con la violencia en los centros educativos.
Los magistrados de la Sala IV declararon con lugar un recurso de amparo presentado por una madre de familia en contra del MEP, la dirección regional de educación de Desamparados y la dirección de la Escuela Finca la Capri por violentar el derecho a la educación y protección especial a la niñez.
La madre alegó que las autoridades no han hecho caso a sus reiteradas solicitudes de protección a su hijo, quien es víctima de agresiones en el centro educativo.
Los magistrados ordenaron que en el plazo de tres meses se tomen las medidas necesarias para la protección, atención de la violencia y rehabilitación de aquellos alumnos que son víctimas o victimarios, de situaciones de violencia en la escuela recurrida y se les garantice el proceso educativo integral, de la manera más adecuada, al amparado y demás estudiantes.
El Tribunal Constitucional considera que las autoridades administrativas tienen la obligación de reconocer y aplicar el principio general del interés superior del niño, incluso ideando mecanismos apropiados y soluciones consecuentes.
“El problema de la violencia tiene un carácter multidimensional y depende tanto de la labor emprendida en los centros educativos, como también en el contexto social y cultural, que empieza por los hogares. Es una responsabilidad compartida y debe enfrentarse”, dijeron los magistrados.
La Sala estuvo integrada por el magistrado Armijo Sancho quien presidió y los magistrados Jinesta Lobo, Castillo Víquez, Salazar Alvarado como ponente, así como las magistradas suplentes Picado Brenes, Garro Vargas y Campos Calvo.
