San José, 04 ago (elmundo.cr) – Las acusaciones de “golpe de Estado”, “usurpación de funciones” y “extralimitación de competencias” lanzadas recientemente por figuras del oficialismo contra la Sala Constitucional han reabierto un debate que Costa Rica conoce desde hace más de dos décadas.
Aunque la controversia actual surge por la resolución que ordenó a la Asamblea Legislativa reactivar el proceso para el nombramiento de magistrados suplentes, expresiones como “golpe de Estado constitucional”, “golpe técnico”, “ruptura de la división de poderes” e incluso “traición a la patria” han acompañado algunos de los fallos más polémicos de la Sala IV desde inicios de este siglo.
La reelección presidencial y el origen del debate
Uno de los episodios más controvertidos ocurrió en 2003, cuando la Sala Constitucional dejó sin efecto la reforma constitucional de 1969 que impedía la reelección presidencial consecutiva, permitiendo posteriormente la candidatura del expresidente Óscar Arias Sánchez.
La controversia fue tan profunda que los analistas Guillermo Arce Castro y Federico Tinoco Granados publicaron en 2005 el libro:
“Reelección en Costa Rica: Golpe de Estado Constitucional o reafirmación del Poder Constituyente”.
La sola formulación del título refleja la intensidad del debate jurídico y político generado por la sentencia.
En la presentación de la obra, el constitucionalista Rubén Hernández Valle destacó el impacto político de la resolución.
“Es claro que al permitirse la reelección presidencial nuevamente, el panorama político del país cambió radicalmente, dado que se dio la oportunidad de que don Óscar Arias aspirara nuevamente al solio presidencial”.
Y agregó:
“Ello permitió que el PLN saliera del período de sopor y mediocridad política que vivió durante las dos últimas campañas”.
La discusión estuvo acompañada por acusaciones de presiones políticas sobre los magistrados. Según una publicación de La Nación del 27 de noviembre de 2000, diversos actores advertían que un eventual fallo favorable a la reelección equivaldría a un “golpe de Estado constitucional”.
El propio Arias recordó posteriormente ese ambiente.
“En muchas oportunidades me manifesté en contra de expresiones de los precandidatos y algunos expresidentes que evidentemente implicaban una presión o intimidación a los magistrados”.
Y añadió:
“Cuando plantearon que un fallo a favor de las acciones implicaba un golpe de Estado constitucional”.
Por su parte la ANEP sentención “ha ocurrido un dramático cambio institucional en el juego democrático que hasta ahora ha tenido validez en Costa Rica. Un verdadero golpe de Estado técnico se la ha dado a la Asamblea Legislativa”
El TLC y las acusaciones de captura institucional
Cuatro años después, la Sala Constitucional volvió a quedar en el centro de una tormenta política.
El 3 de julio de 2007, la Sala IV rechazó las consultas de constitucionalidad presentadas contra el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR), permitiendo que el acuerdo continuara su camino hacia el referéndum nacional.
Los magistrados Fernando Cruz Castro y Gilberto Armijo Sancho salvaron el voto y señalaron múltiples cuestionamientos constitucionales relacionados con telecomunicaciones, propiedad intelectual, arbitraje internacional, materia ambiental y el procedimiento legislativo utilizado para aprobar el tratado.
La decisión provocó una reacción inmediata de organizaciones sindicales y movimientos sociales agrupados en la Comisión Nacional de Enlace.
En un comunicado, la organización vinculó directamente el fallo del TLC con la sentencia sobre la reelección presidencial y afirmó:
“La Sala IV nuevamente se pliega al poder de los Arias; ya lo hicieron en el 2003 con el ‘golpe de Estado corrupto y vandálico’, como lo calificó el expresidente Luis Alberto Monge, cuando autorizaron la reelección de Óscar Arias. Hoy repiten con esta decisión de no encontrar ningún elemento de inconstitucionalidad por parte del TLC, otro golpe de Estado corrupto y vandálico”.
La misma declaración acusó al gobierno de haber capturado la institucionalidad costarricense.
“Queda demostrado que con este pronunciamiento de la Sala IV (…) el actual régimen de los Arias decidió romper el orden constitucional y secuestró la institucionalidad costarricense para favorecer los intereses de la oligarquía nacional y de las transnacionales”.
“Sala vendida” y protestas frente al tribunal
La tensión llegó hasta las calles.
Manifestantes ingresaron pacíficamente a la Sala Constitucional para protestar por el fallo con consignas como:
“Sala vendida a la burguesía”.
y
“Sala vendida, vergüenza de la patria”.
El entonces secretario general de la ANEP, Albino Vargas, aseguró que la resolución demostraba una concentración de poder sin precedentes.
“Los tres poderes quedaron unidos en uno”.
Además, afirmó:
“Parece que hay una ciudadanía bastante indignada con un fallo político y cabildeado desde Casa Presidencial”.
Y añadió una de las frases más recordadas de aquella controversia:
“Es un fallo que deja la teoría de la división de poderes en un sistema republicano en manuales de educación”.
Cuestionamientos al TSE
La polémica también alcanzó al Tribunal Supremo de Elecciones.
El excandidato presidencial José Miguel Corrales denunció una supuesta coordinación institucional entre el Ejecutivo, la Sala Constitucional y el TSE.
“En varias oportunidades señalamos que en este país había una conspiración, una conexión entre la Sala Constitucional —que validó la reelección presidencial, pese a que la Constitución la prohíbe— y el Poder Ejecutivo; ahora se suma a ello el TSE”.
Por su parte, Albino Vargas advirtió que la situación:
“Mina la credibilidad de las autoridades electorales”.
y
“Derriba el mito de separación de poderes”.
Crucitas y el debate sobre el control judicial
La discusión volvió a surgir años después con el caso Crucitas.
Mientras algunos sectores criticaron decisiones judiciales relacionadas con el proyecto minero, otros defendieron el papel de los tribunales como contrapesos institucionales.
El abogado ambientalista Álvaro Sagot sostuvo:
“La Sala IV únicamente resuelve aspectos constitucionales, y en el Tribunal Administrativo se tramitaron situaciones de legalidad”.
Asimismo, afirmó:
“Las leyes se hicieron para cumplirse y no son discrecionales para los gobernantes”.
Un debate que trasciende gobiernos e ideologías
Los antecedentes de la reelección presidencial en 2003, el TLC en 2007 y el caso Crucitas en 2010 muestran que las acusaciones contra la Sala Constitucional no son exclusivas de un sector político.
A lo largo de los años, gobiernos, partidos, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes políticos y juristas han acusado al tribunal, en distintos momentos, de invadir competencias, alterar el equilibrio entre poderes o favorecer determinados intereses políticos.
Lo que hoy se discute entre el oficialismo y la Sala IV forma parte de una controversia mucho más amplia y antigua sobre los límites del control constitucional en Costa Rica, una discusión en la que expresiones como “golpe de Estado constitucional”, “golpe técnico”, “ruptura del orden constitucional” y “división de poderes” han aparecido reiteradamente desde hace más de veinte años.
