San José, 15 mar (elmundo.cr) – Los legisladores de la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminaron de manera afirmativa el expediente 22.750, Ley para mejorar las capacidades de la Contraloría General de la República para constatar la veracidad de las declaraciones juradas sobre la situación patrimonial de funcionarios públicos.
Con la propuesta, se reformaría el artículo 34 de la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito y la Corrupción en la Función Pública.
“El proyecto propone que la Contraloría General de la República pueda solicitarle al Banco central la información pertinente para saber si estas personas, estos funcionarios públicos participan de estructuras jurídicas que pudieran poner eventualmente en disputa digamos sus intereses y que permitan pues tener un registro realmente transparente de esa función pública”, explicó la diputada Rocío Alfaro.
La iniciativa establece que cuando lo estime oportuno la Contraloría General de la República, podrá examinar y verificar con todo detalle de exactitud y veracidad las declaraciones y podrá requerir por escrito al declarante, las declaraciones o adiciones que estime necesarias.
