San José, 25 jul (elmundo.cr) – La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que reclamará un millón de colones por concepto de daño social en el caso penal por presunto incumplimiento de deberes contra el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya.
Así lo confirmó el abogado defensor del rector, Gerardo Huertas, a este medio, y fue ratificado por la propia Procuraduría, que además presentó una acción civil resarcitoria y una querella penal contra el jerarca universitario.
El caso se tramita bajo el expediente 25-000134-1218-PE, en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), y se relaciona con la participación de Araya en una votación del Consejo Universitario (CU) el pasado 1 de abril. En dicha sesión, Araya habría votado una moción que lo involucraba directamente, pese a que, según la acusación, debía haberse abstenido por tratarse de un asunto que lo afectaba personalmente.
“En el caso en específico de este funcionario público, a él se le endilga haber participado en una votación en la que se discutía un asunto relacionado con sí mismo, y la obligación legal que él tenía era de inhibirse”, explicó anteriormente el fiscal del caso, Diego Maroto.
La moción discutida buscaba impedir que el rector interviniera en decisiones vinculadas con la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI), unidad encargada de importantes proyectos de infraestructura en la universidad.
Acusación se suma a cuestionamientos previos
Carlos Araya, rector desde 2020, ya había sido mencionado en investigaciones previas relacionadas con presuntas irregularidades en obras ejecutadas por la OEPI, durante su gestión como vicerrector de Administración (2012-2020). Como parte de esas pesquisas, la Fapta allanó la UCR y detuvo a dos funcionarios universitarios —posteriormente liberados— que figuran como imputados.
El pasado julio, la Fiscalía anunció que solicitaría la apertura de juicio contra Araya tras cerrar la etapa investigativa. En ese momento, se esperaba únicamente la posición oficial de la Procuraduría, que ahora ha confirmado su intervención con medidas legales paralelas.
