San José, 02 jun (elmundo.cr) – El secretario general de Liberación Nacional, Miguel Guillén, insistirá para que el Memorándum de Entendimiento entre Costa Rica y Estados Unidos sea analizado por el fondo del asunto.
Esto luego de que la Sala Constitucional rechazó de plano la acción de inconstitucionalidad presentada por Guillén contra el memorándum ya que la gestión no cumplía con los requisitos necesarios para ser admitida y analizada constitucionalmente.
Guillén señaló que “presenté una acción de inconstitucionalidad contra el memorándum suscrito entre Costa Rica y los Estados Unidos sobre el traslado de personas deportadas. Lo hice como ciudadano, convencido de que los asuntos que involucran derechos humanos, soberanía, transparencia y control constitucional no deben enfrentarse con indiferencia, sino con responsabilidad cívica”.
“Volveré, guste o no, hoy mismo, a las instancias correspondientes para que el fondo del asunto sea examinado”, sentenció.
Guillén señaló que “si algo demuestra esta resolución es que la preocupación era legítima. Resulta paradójico que algunos critiquen a quien pidió control constitucional sobre un acuerdo oculto, en lugar de cuestionar que el acuerdo estuviera oculto”.
“Lo verdaderamente preocupante no es que haya presentado una acción de inconstitucionalidad. Lo preocupante sería guardar silencio cuando el Gobierno compromete al país en un acuerdo sobre traslado de personas deportadas sin que el texto completo estuviera disponible para el escrutinio público”, aseguró.
Guillén explicó que “la Sala no concluyó que el memorándum fuera constitucional; concluyó que no podía examinarlo porque el documento no estaba disponible. Precisamente por eso considero que el Tribunal debió requerirlo. Cuando un acto estatal no publicitado ya está produciendo efectos sobre derechos humanos, soberanía, migración y relaciones internacionales, la opacidad debería ser una razón para profundizar el control constitucional, no para evitarlo”.
“El constitucionalismo moderno nació precisamente para controlar el poder allí donde la información es asimétrica y donde el ciudadano carece de acceso a los instrumentos que el Estado posee. Exigir al ciudadano la posesión de un documento que solo el propio Estado controla plantea una tensión evidente con los principios de acceso a la justicia, transparencia pública y control democrático del poder”, manifestó.
Según Guillén, “la acción fue rechazada por la opacidad del instrumento, no porque la Sala hubiera validado su contenido. Prefiero correr el riesgo de exigir transparencia y control constitucional cuando están en juego derechos humanos, soberanía y legalidad, que correr el riesgo de callar”.
“La historia constitucional no la escriben quienes esperan a que todo sea cómodo y evidente. Estoy advirtiendo sobre un riesgo que corren muchas personas inocentes. La verdadera y única ligereza en este caso, es aceptar que un acuerdo de esta naturaleza escape al control ciudadano, jurídico y democrático simplemente porque quienes lo firmaron prefirieron en un punto, mantenerlo fuera del escrutinio público”, concluyó.
