San José, 5 set (elmundo.cr) – Los diputados que conforman la Comisión de Asuntos Hacendarios tienen en sus manos nuevas modificaciones al proyecto de Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, aunque estas distan de la intención de la iniciativa.
Un grupo de empresarios y sus abogados financieros presiona ahora a los diputados, con el fin de que estos bajen la pena de cárcel por evasión fiscal, esto días después de que se vieran truncados los intentos de dejar sin sanciones a los asesores tributarios que ayuden a un contribuyente a generar mecanismos para evadir el pago de impuestos.
Estas modificaciones pretenden hacerse en las últimas dos oportunidades que quedan para plantear cambios a la iniciativa, antes de que sea votada por primera vez el día jueves 8 de setiembre, tal y como se estableció en un acuerdo político que le dio trámite rápido y especial a este proyecto.
El texto de una de las modificaciones propuestas, y de la cual EL MUNDO tiene copia pretende modificar el artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que sanciona hoy con una pena de prisión que va desde los 5 hasta los 10 años, a aquellas personas que defrauden más del monto equivalente a 500 salarios base de un oficinista 1 del Poder Judicial, es decir, unos 200 millones de colones.
Con las penas actuales, una persona declarada culpable de evadir esas cantidades de impuestos no tiene la opción de optar por la ejecución condicional de la pena, situación que cambiaría de concretarse la modificación impulsada por los empresarios y sus abogados tributaristas, la cual consiste en bajar la pena mínima de cinco a solo dos años de cárcel.
Otras de las implicaciones de la modificación propuesta es que el Ministerio de Hacienda vería disminuidas las posibilidades de recuperar la totalidad de impuestos que se dejaron de pagar, ya que abre la posibilidad de que el evasor pueda conciliar, y con ello no tener que pagar la totalidad de lo adeudado, como si ocurre hoy con la reparación integral del daño.
La segunda modificación propuesta y de la cual este diario también tiene copia, consiste en cambiar el texto del artículo 90 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que en la actualidad establece que en caso de que la Administración Tributaria detecte irregularidades que podrían constituir un delito, debe presentar la denuncia penal ante el Ministerio Público para que este investigue, y de ser el caso, presente una acusación para solicitar la apertura de un juicio.
El cambio propuesto consiste en que Hacienda, a como presentó la denuncia ante el Ministerio Público, tenga la potestad de retirarla, eliminando así la posibilidad de investigar y sancionar a los evasores de impuestos. Además, el cambio pretende limitar al Ministerio Público a investigar solo sobre los hechos detectados por Hacienda, sin profundizar, por lo que de haber otros actos delictivos, estos quedarían sin sanción, limitando de esa forma la potestad que tiene la Fiscalía para acusar por otros eventuales delitos encontrados durante la investigación o juicio.
Las modificaciones propuestas serían conocidas este lunes en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Uno de los abogados tributaristas que impulsa ambas modificaciones es Alan Saborío, Director General de Hacienda y de Tributación Directa en el periodo 1990-1993 y quien es director de Deloitte.
Saborío además ha manifestado en diversas ocasiones su rechazo a la intención de que exista un registro centralizado de accionistas de las sociedades anónimas.
También lo impulsa Adrián Torrealba, Director de Tributación en el periodo 2000-2003 y consultor del Ministerio de Hacienda durante el trámite de elaboración del proyecto de Ley de Justicia Tributaria, en el año 1995.
Torrealba es además quien figura como abogado de Televisora de Costa Rica, en el caso por presunta defraudación fiscal que se sigue en su contra, así como socio del bufete Facio y Cañas, que apareció mencionado por el Semanario Universidad en la investigación periodística internacional que reveló los Panama Papers del bufete Mossack Fonseca.
Finalmente figura Francisco Villalobos, Director de Tributación Directa en el periodo 2011- 2012, y quien se vio forzado a renunciar, tras revelarse que estaba moroso con el pago de sus impuestos sobre la renta.
