San José, 12 ago (elmundo.cr) – El Poder Judicial de Costa Rica ha intensificado su lucha contra la inseguridad, según datos presentados este lunes por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Defensa Pública.
En los primeros siete meses de 2024, se registró un aumento del 28% en los operativos realizados por la Policía Judicial, pasando de 5.554 a 7.123. Los allanamientos también experimentaron un incremento del 19%, de 1.408 a 1.683.
Además, ha aumentado el número de detenciones: 3.582 personas fueron detenidas en el mismo periodo, lo que representa un 14% más que en 2023.
En cuanto a acusaciones, en el 2023 se interpusieron 1.383 acusaciones más que en 2022, un aumento del 4,5%. Además, el porcentaje de sentencias condenatorias en juicios aumentó al 57,36%.
Las condenas también han aumentado un 15% entre 2022 y 2023, de 9.127 a 10.456. Esto refleja el compromiso de la Fiscalía en combatir el crimen organizado y la corrupción, según el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez.
“Estamos trabajando en equipo con los cuerpos policiales para afrontar el grave problema del crimen organizado”, afirmó Díaz.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, señaló que “Costa Rica puede confiar en el Poder Judicial, estamos al servicio de la ciudadanía, en el marco de nuestras competencias y potestades hemos combatido la inseguridad que atraviesa el país”.
“Pero no todo se puede atender con allanamientos y condenatorias… el origen de la criminalidad es profundo, obedece a problemas sociales, a falta de oportunidades, a vacíos en el sistema educativo, estos males están urgidos de una solución, si no se abordan desde la raíz la delincuencia continuará creciendo”, agregó.
Aguirre recordó los proyectos de ley impulsados desde la Corte, como la ley que amplía a homicidio simple y femicidios los delitos susceptibles de intervención de comunicaciones; y la creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada que ha permitido condenas en casos de suma relevancia como Gamma, Los Lara y Malanga.
Además de las medidas represivas, la Defensa Pública también realiza acciones preventivas para combatir la criminalidad, como charlas a menores de edad sobre los riesgos del reclutamiento por parte de estructuras criminales.
“El reconocimiento de los derechos y las charlas preventivas contribuyen a contrarrestar el avance de la criminalidad”, destacó Juan Carlos Pérez Murillo, director de la Defensa Pública.
