San José, 13 ago (elmundo.cr) – La Presidencia de la República reafirmó este miércoles su postura sobre la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en las estructuras del Poder Judicial, asegurando que el fenómeno ha llegado “hasta los tuétanos” de la institución.
Mediante el oficio N° PR-DP-OF-0448-2026, suscrito por el director del Despacho Presidencial, Alexander Astorga Monge, el Poder Ejecutivo respondió a una solicitud de información ciudadana, detallando una serie de casos judiciales que, a criterio del Gobierno, sirven como “prueba irrefutable” de la penetración delictiva en el aparato de justicia.
El documento sostiene que la situación es de “extrema gravedad” y cita como ejemplos emblemáticos los procesos contra funcionarios judiciales en casos como “Talamanca” (2021), “Corruptela en Limón” (2022-2023), “Paso Canoas”, “Sartra” y “La Unión” (2024), donde fiscales, jueces y técnicos judiciales fueron investigados por facilitar impunidad, filtrar información de operativos y vender acceso a sistemas confidenciales.
Asimismo, el Ejecutivo enfatizó en el caso del exmagistrado de la Sala Tercera y ex fiscal general adjunto, Celso Gamboa Sánchez, cuya situación escaló hasta su detención internacional por parte de Interpol y el OIJ, bajo acusaciones de conspiración para el tráfico de drogas y protección legal a estructuras criminales.
“Resulta importante destacar que, es desde la cúpula del Poder Judicial donde se cuenta con las potestades de fiscalización, control y acceso a la información (…) siendo imperativo un rol más activo en la depuración interna frente a este flagelo que amenaza al Estado costarricense”, señala el oficio.
El Despacho Presidencial instó a los integrantes de la Corte Plena a solicitar informes pormenorizados al Ministerio Público y a la Sala Tercera sobre el estado de estas investigaciones, subrayando la necesidad de una mayor transparencia en los procesos disciplinarios y penales contra funcionarios judiciales.
Finalmente, el Gobierno lamentó la ausencia de representantes del Poder Judicial en la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, espacio en el cual, según el Ejecutivo, se pretendía abordar este tema como un asunto prioritario de seguridad nacional.
