San José, 18 oct (elmundo.cr) – La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de ley bajo el expediente 25.311, el cual faculta al Estado costarricense para suscribir una póliza que cubra los gastos de defensa legal y responsabilidad civil de los policías que enfrenten procesos judiciales derivados de sus actuaciones en el cumplimiento del deber.
El diputado Antonio Barzuna, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), celebró la aprobación de esta normativa, destacando que representa un respaldo esencial para los miles de oficiales que se encuentran en la “primera línea” de protección de los ciudadanos.
“Es una noticia muy positiva para todos los policías de este país, para miles de policías costarricenses que todos los días nos cuidan, que están en la primera línea y que nos están protegiendo a todos los costarricenses”, afirmó Barzuna.
Alcances y exclusiones de la ley
La reforma a la Ley General de Policía (Ley N.° 7410) establece que la póliza cubrirá la responsabilidad patrimonial en vía contencioso-administrativa, civil o penal, así como los gastos de representación legal cuando los funcionarios resulten imputados o demandados por intervenciones directas frente al administrado o sus bienes.
El texto aprobado fija límites claros para la cobertura: hasta cincuenta salarios base para la responsabilidad patrimonial y hasta veinticinco salarios base para los gastos de representación legal.
No obstante, el diputado Barzuna aclaró que, como todo seguro, la póliza contempla excepciones estrictas. “En caso de que haya un dolo y ese tipo de cosas, pues obviamente la aseguradora no va a proceder con un pago de un siniestro que se presente”, explicó.
De acuerdo con el texto dictaminado, la protección quedará excluida en casos donde el funcionario haya actuado bajo los efectos del alcohol o drogas ilícitas, se haya apartado de los protocolos institucionales, o haya cometido actos relacionados con delitos sexuales, tratos crueles, inhumanos, degradantes, ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzada.
Respaldo legislativo
La iniciativa, presentada originalmente por el Poder Ejecutivo, logró un consenso unánime en el Plenario, recibiendo el apoyo de diversas fracciones legislativas, incluyendo al PPSO, el Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana.
Con esta aprobación, se busca evitar que los oficiales deban asumir de su propio bolsillo los costos de defensa legal cuando enfrenten denuncias por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, fortaleciendo así la seguridad jurídica de los cuerpos policiales.
