San José, 30 sep (elmundo.cr) – El expresidente de la República y actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, presentó este 30 de septiembre una querella formal contra la exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, por el presunto delito de captación indebida de manifestaciones verbales.
La gestión fue interpuesta ante la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José. Según explicó el abogado del mandatario, Fabián Volio, la acción surge ante lo que calificó como una decisión “inexplicable” del Ministerio Público de solicitar un sobreseimiento definitivo en la causa original, a pesar de la existencia de prueba documental sobre las grabaciones realizadas por Navarro durante su gestión en Casa Presidencial.
“La querella es una denuncia formal que se interpone en contra de ella y aparta al Ministerio Público para que la acción penal prosiga”, señaló Volio, quien detalló que el fundamento legal recae en el artículo 198 del Código Penal, el cual sanciona la grabación de conversaciones sin el consentimiento de los participantes.
Acción contra La Nación
La querella no se limita únicamente a la exfuncionaria. El equipo legal de Chaves presentó también una acción civil resarcitoria que involucra al diario La Nación.
“La acción civil resarcitoria va dirigida contra doña Patricia y contra La Nación. El periódico tiene responsabilidad porque tomó información que fue constituida de manera ilícita y las publicó, generando un escándalo mediático que produjo un daño a don Rodrigo”, afirmó el abogado Volio.
El representante legal enfatizó que el interés del mandatario no es económico. “A don Rodrigo Chaves no le interesa recibir ese dinero; será entregado y donado a las Obras del Espíritu Santo, que dirige el padre Sergio”.
Antecedentes del caso
Patricia Navarro Molina, quien ocupó el cargo de ministra de Comunicación entre mayo y septiembre de 2022, admitió en su momento haber grabado diversas reuniones en Casa Presidencial, argumentando la necesidad de documentar hechos que, a su juicio, podrían contravenir la ley o la ética.
Dichos audios fueron posteriormente divulgados por La Nación, dando pie a diversas investigaciones judiciales, incluyendo el caso relacionado con la contratación de servicios de comunicación con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La defensa de Chaves sostiene que la entrega de este material a un medio de comunicación constituye un acto ilícito adicional que debe ser sancionado por la vía penal. Corresponderá ahora a los tribunales determinar el curso de esta querella y la admisibilidad de la acción civil contra las partes señaladas.
