San José, 2 jul (elmundo.cr) – El Poder Judicial respondió este jueves a las recientes declaraciones de la presidenta de la República, Laura Fernández, quien durante la conferencia de prensa del Poder Ejecutivo este miércoles advirtió sobre una presunta infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en la institución.
Ante el cuestionamiento de la mandataria, quien criticó las políticas de “compliance” (cumplimiento) del sistema judicial y señaló que el crimen organizado se está “metiendo hasta en los tuétanos” de la institución, el Poder Judicial emitió un comunicado oficial reafirmando su política de “cero tolerancia a la corrupción”.
La institución destacó que cuenta con mecanismos permanentes de control interno, supervisión, investigación y fiscalización para identificar y atender cualquier conducta que pueda comprometer la integridad institucional o la adecuada prestación del servicio público de justicia.
Como parte del fortalecimiento de estos controles, el Poder Judicial recordó que en abril pasado la Asamblea Legislativa aprobó una reforma legal impulsada por la propia institución (Ley N.º 10905), la cual establece un nuevo régimen disciplinario. Esta normativa dota al sistema de herramientas más ágiles y eficaces para investigar, sancionar y separar de sus cargos a quienes incurran en actos de corrupción o mantengan vínculos con estructuras criminales.
“El combate a la corrupción y a la delincuencia organizada exige instituciones fuertes, controles efectivos y una actuación decidida”, manifestó el Poder Judicial en su comunicado.
Asimismo, la institución hizo un llamado respetuoso a la ciudadanía para que, en caso de tener conocimiento de posibles irregularidades en la prestación del servicio de justicia, interponga las denuncias correspondientes por los canales institucionales, garantizando así que sean investigadas con el rigor que establece la ley.
Finalmente, el Poder Judicial reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo los mecanismos de prevención, investigación y sanción, con el objetivo de preservar la confianza ciudadana y garantizar una administración de justicia independiente, transparente y sometida al Estado de derecho.
