San José, 09 jun (elmundo.cr) – La exdiputada oficialista Pilar Cisneros lanzó fuertes críticas contra el Poder Judicial y el Ministerio Público tras el fallo absolutorio en el caso de los reaseguros del INS, al afirmar que existe una “poderosa red de cuido” que durante décadas ha protegido a figuras políticas vinculadas a escándalos de corrupción.
“Infinita vergüenza y gran preocupación genera la poderosa red de cuido que durante décadas tejieron los políticos con el Poder Judicial”, manifestó Cisneros.
La exlegisladora cuestionó que, pese a los numerosos casos de corrupción que han sacudido al país, ningún político de alto perfil haya terminado en prisión.
“¿Por qué no hay, y posiblemente nunca habrá, un político corrupto en la cárcel, aunque los escándalos estallen uno tras otro?”, preguntó.
Cisneros calificó como un “bochornoso fallo absolutorio” la resolución judicial en el caso de los reaseguros del INS y comparó el desenlace costarricense con las actuaciones realizadas por las autoridades británicas.
“En Costa Rica no habrá castigo, mientras que en el Reino Unido, de donde salió el dinero ilícito, sí hubo culpable, pruebas y condenado”, afirmó.
Según recordó, el caso se remonta al año 2001, cuando durante la administración del expresidente Miguel Ángel Rodríguez el Instituto Nacional de Seguros (INS) contrató a la empresa británica de reaseguros PWS para brindar cobertura a proyectos energéticos.
De acuerdo con Cisneros, las investigaciones desarrolladas en Reino Unido determinaron la existencia de un esquema de pagos ilícitos para obtener contratos en Costa Rica.
La exdiputada señaló que en 2010 el Tribunal de la Corona Británica de Southwark condenó al exejecutivo de PWS, Julian Messent, a 21 meses de prisión y al pago de una indemnización al Estado costarricense.
“Messent autorizó, según declaró ante las autoridades británicas, 41 pagos corruptos por millones de dólares”, indicó.
Asimismo, recordó el testimonio brindado por José Antonio Lobo, exdirectivo del ICE, quien colaboró con las investigaciones del caso.
“Ante el Ministerio Público, Lobo juró que por orden de Rodríguez se canalizaron transferencias a una sociedad anónima en Panamá. Lobo contó todo, con pelos y señales, porque era ni más ni menos que el intermediario de las millonarias comisiones ilegales”, sostuvo.
Cisneros también criticó la duración del proceso judicial en Costa Rica, que se extendió por más de dos décadas.
“Mientras en el Reino Unido el caso fue investigado, juzgado y sentenciado en pocos años, en Costa Rica el proceso duró más de dos décadas”, señaló.
Según detalló, transcurrieron cuatro años para presentar la causa, ocho años para realizar indagatorias, diez años para declararla de tramitación compleja y catorce años para convocar el juicio, además de varios años adicionales en apelaciones y audiencias preliminares.
La exlegisladora afirmó que las pruebas utilizadas en Reino Unido no lograron consolidarse en los tribunales costarricenses debido a deficiencias procesales.
“De nada valieron los testimonios de Messent ni las declaraciones de Lobo. Depósitos millonarios, dinero en efectivo, pagos de tarjetas de crédito y viajes fueron descartados porque el Ministerio Público falló en la recopilación de los documentos. No tenían certificaciones, sellos oficiales ni procesos de autenticación internacional”, aseguró.
Finalmente, Cisneros sostuvo que el caso refleja graves deficiencias institucionales.
“El colmo de los colmos es que aquí no solo no se condena a nadie, sino que usted y yo vamos a terminar pagándole a Miguel Ángel Rodríguez más de 3 millones de dólares”, afirmó.
Para la exdiputada, la impunidad en este caso no responde a la inexistencia de indicios, sino al desempeño de las instituciones encargadas de investigar y juzgar.
“Quedan impunes no por falta de pruebas, sino por la inutilidad de la Fiscalía y del Poder Judicial”, concluyó.
