San José, 11 nov (elmundo.cr) – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, advirtió que las condiciones impuestas a ₡30.000 millones del presupuesto del Poder Judicial para 2027 podrían impedir que la institución acceda a esos recursos durante varios años, lo que, a su criterio, representa una amenaza para la independencia judicial.
Vargas explicó que no se trata de un recorte presupuestario, sino de fondos que están contemplados en el presupuesto, pero cuyo acceso fue condicionado a una serie de requisitos que no dependen del Poder Judicial.
“Esos 30 mil millones están, lo que pasa es que los están condicionando, congelando, sometiéndolo a una serie de requisitos o reglas para que nosotros podamos acceder a ellos”, manifestó, en una entrevista en el programa Interferencia de Radios UCR.
La jerarca cuestionó que las condiciones establecidas no estén relacionadas con el uso de los recursos y advirtió sobre las consecuencias que podría tener esta situación para el funcionamiento de la institución.
“El 2027 puede iniciar y avanzar y tener muchos años sin que el dinero nos llegue. Así de seria es la situación”, señaló.
Además, indicó que las razones utilizadas para justificar estos condicionamientos no son atendibles, pues aseguró que el Poder Judicial está sometido a controles sobre la administración y ejecución de sus recursos.
En ese sentido, defendió el manejo presupuestario de la institución y destacó que mantiene niveles de ejecución superiores al 96% y 97%.
“El Poder Judicial es una institución de las que mejor ejecuta presupuesto en el país, siempre andamos por encima del 96 y 97%”, afirmó.
Vargas también rechazó los cuestionamientos sobre una supuesta falta de rendición de cuentas y sostuvo que las instancias técnicas, como el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, fiscalizan el uso de los recursos públicos.
“Hasta el último cinco está debidamente justificado”, aseguró.
La presidenta de la Corte también defendió la importancia de mantener un Poder Judicial independiente y fuerte, al considerar que esta institución cumple una función de contrapeso frente a los demás poderes de la República.
Explicó que los jueces deben tomar decisiones sin responder a intereses electorales, presiones políticas o criterios de popularidad, incluso cuando sus resoluciones resulten impopulares.
Por esa razón, advirtió que las restricciones económicas pueden convertirse en una forma de afectar la independencia de la institución.
“Desde el plano de los hechos, las limitaciones presupuestarias atentan contra la independencia judicial”, manifestó.
Finalmente, Vargas insistió en que, independientemente de las motivaciones detrás de las decisiones presupuestarias, sus consecuencias pueden debilitar al Poder Judicial.
“Este tipo de afectaciones presupuestarias hacen que el Poder Judicial sea uno más débil”, concluyó.
