San José, 01 may (elmundo.cr) – Cada vez más organizaciones sociales, ciudadanas y de defensa de derechos se están sumando al llamado realizado por la Junta de Salud del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, ante la decisión de trasladar hasta el periodo 2035-2038 la construcción de la nueva sede de este centro médico especializado.
La Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), la Fundación Justicia y Género, el movimiento ciudadano La Caja es Nuestra y la Filial Básica de ANDE 1-7-01P manifestaron su preocupación y rechazo ante una postergación que, según advierten, tendría consecuencias directas sobre la salud, la dignidad, la seguridad y los derechos de las personas adultas mayores en Costa Rica.
Las organizaciones coinciden en que el nuevo hospital geriátrico no puede tratarse como una obra más dentro de la cartera de infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por el contrario, consideran que se trata de una urgencia nacional, en un país que envejece aceleradamente y que ya enfrenta presiones crecientes sobre sus servicios de salud.
Una obra que no puede esperar hasta 2038
El Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes es el centro especializado de referencia para la atención de la población adulta mayor en Costa Rica. Sin embargo, las organizaciones alertan que sus actuales condiciones de infraestructura, la saturación de servicios, el crecimiento demográfico de esta población y las necesidades específicas de atención geriátrica hacen inviable postergar por más de una década el inicio de la nueva sede.
Para AGECO, la decisión de posponer la obra hasta 2038 resulta lamentable y debe ser revisada con urgencia.
“El país necesita urgentemente el nuevo hospital de geriatría. No es una necesidad más. La Junta Directiva de la Caja debe priorizar esta infraestructura y replantear el cronograma, considerando los índices de envejecimiento que maneja Costa Rica y la concentración de personas adultas mayores en el Gran Área Metropolitana”, señaló Fabián Trejos, Gerente General de AGECO.
La organización advirtió que, si se mantiene la programación actual, los servicios de salud se saturarán aún más con las consultas y necesidades de atención especializada de las personas adultas mayores. Además, la organización llamó a las nuevas autoridades políticas a informarse y tomar decisiones oportunas, incluyendo este tema como una prioridad de gobierno.
Retraso podría constituir una regresión en derechos humanos
Desde la Fundación Justicia y Género, la postergación del hospital debe analizarse no solo como una decisión administrativa o presupuestaria, sino como un asunto de derechos humanos.
La organización recordó que Costa Rica forma parte de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, instrumento que reconoce derechos vinculados al envejecimiento activo y saludable, la igualdad, la no discriminación y el acceso a servicios de salud adecuados.
“El retraso en la construcción del hospital geriátrico violenta derechos humanos de las personas mayores y puede interpretarse como una acción edadista, porque discrimina por razón de edad y genera una regresividad en el derecho a la salud”, indicó Rodrigo Jiménez, Especialista en Derechos de Poblaciones en Condición de Vulnerabilidad de la Fundación Justicia y Género.
Según la Fundación, el artículo 19 de dicha Convención reconoce el derecho de las personas mayores a la salud física y mental, sin discriminación, y obliga al Estado a formular, fortalecer y evaluar políticas públicas de salud, incluyendo atención, prevención, rehabilitación y cuidados paliativos.
La organización advirtió que una decisión que implique retroceder en la protección de derechos de las personas adultas mayores podría traer consecuencias legales para el Estado costarricense.
“La Junta Directiva de la Caja debe conocer muy bien las consecuencias legales que puede tener una decisión que haga retroceder los derechos de las personas mayores. Se debe actuar respetando los derechos humanos de esta población”, agregó Jiménez.
La postergación también golpearía a todo el sistema hospitalario
Por su parte, el movimiento La Caja es Nuestra calificó la situación como un problema grave de salud pública y advirtió que el retraso no afectaría únicamente al Hospital Blanco Cervantes, sino también al resto del sistema hospitalario nacional.
La organización alertó que, si el nuevo hospital no se construye oportunamente, las personas adultas mayores tendrán que buscar atención en hospitales generales, donde ya existen limitaciones de especialistas, listas de espera y saturación de servicios.
“Durante todo este periodo estaríamos perdiendo una valiosísima oportunidad de que la población adulta mayor sea atendida en un hospital especializado, con personal especializado, instalaciones especializadas y médicos especialistas. Esto va a constituir un problema grande de salud pública”, señaló Inés Alfaro, representante de La Caja es Nuestra.
El movimiento también expresó preocupación por las condiciones actuales de la infraestructura del hospital, que supera seis décadas de antigüedad, y por los riesgos señalados en materia de seguridad, evacuación y condiciones estructurales para pacientes y funcionarios.
“¿Tenemos que esperar a que ocurra una tragedia para decir que no se puede postergar más la construcción del hospital? Esto no puede ser. El problema del Blanco Cervantes tiene un efecto rebote en los demás hospitales”, advirtió la organización.
La Caja es Nuestra también cuestionó que el argumento de las expropiaciones justifique una postergación tan prolongada, al señalar que el avance del proceso no parece proporcional al traslado de la obra hasta 2038.
ANDE respalda acciones de la Junta de Salud
La Asamblea de la Filial Básica de ANDE 1-7-01P, con participación de 187 personas, manifestó de forma unánime su rechazo al acuerdo que proyecta la construcción del nuevo hospital entre 2035 y 2038.
En comunicación enviada a la Presidencia de la Junta de Salud del Hospital Blanco Cervantes, la filial indicó que la justificación vinculada con el proceso de expropiación resulta inaceptable y avaló en todos sus extremos las acciones emprendidas por la Junta de Salud para retomar los plazos anteriormente establecidos.
“Avalamos en todos sus extremos las acciones emprendidas por la Junta de Salud con el fin de retomar los plazos anteriormente establecidos para la construcción del centro hospitalario, que es una urgencia nacional”, expresó la Filial Básica de ANDE 1-7-01P.
Solicitud a la CCSS y a las nuevas autoridades
Las organizaciones hacen un llamado respetuoso, pero firme, a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, a la Presidencia Ejecutiva de la institución y a las nuevas autoridades de gobierno para que:
- Replanteen de inmediato el cronograma de construcción de la nueva sede del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.
- Retomen los plazos originalmente previstos o definan una ruta acelerada, verificable y transparente para la ejecución del proyecto.
- Presenten públicamente una justificación técnica detallada sobre las razones del traslado del proyecto al periodo 2035-2038.
- Informen con claridad el estado real del proceso de expropiaciones y las acciones necesarias para resolver los pendientes.
- Prioricen la atención especializada de la población adulta mayor como un asunto de salud pública, derechos humanos y dignidad.
- Garanticen la participación de la Junta de Salud y organizaciones sociales en el seguimiento del proyecto.
Las organizaciones señalaron que el retraso de la nueva sede tendría un impacto humano directo: personas adultas mayores esperando atención especializada, familias cargando con mayor presión, hospitales generales más saturados, funcionarios trabajando en condiciones difíciles y un país que no estaría respondiendo a tiempo al cambio demográfico que ya enfrenta.
