Costa Rica se reconoce hoy, por mandato constitucional, como una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Esa reforma al artículo primero de nuestra Constitución no fue únicamente un cambio de palabras; representó el compromiso del Estado de reconocer la diversidad que ha construido nuestra identidad y de convertir ese reconocimiento en políticas públicas, educación e inclusión.
Sin embargo, todavía existen historias que no ocupan el lugar que merecen dentro de nuestra memoria colectiva. Entre ellas está la historia de las mujeres y las niñas afrodescendientes.
Durante generaciones han contribuido de manera decisiva al desarrollo del país desde la educación, la cultura, las artes, el deporte, la economía, la política, el liderazgo comunitario y la defensa de los derechos humanos. Han sostenido familias, comunidades e instituciones. Han abierto caminos donde antes solo existían barreras.
Y, sin embargo, continúan enfrentando una realidad marcada por la desigualdad.
Ser mujer afrodescendiente en Costa Rica ha significado, históricamente, enfrentar una doble discriminación: la derivada del género y la provocada por el racismo estructural. Esa combinación limita el acceso a oportunidades laborales, educativas y económicas, reduce su representación en espacios de decisión y mantiene invisibilizados muchos de sus aportes.
Las niñas afrodescendientes tampoco escapan a esta realidad. Desde edades tempranas enfrentan estereotipos, prejuicios y, en muchos casos, expresiones de discriminación que afectan su autoestima, su sentido de pertenencia y la construcción de sus proyectos de vida.
Las cifras disponibles para América Latina y el Caribe muestran que las mujeres afrodescendientes presentan mayores niveles de desempleo, menores ingresos y menor acceso a puestos de liderazgo que otros grupos poblacionales. Más allá de las estadísticas, estas desigualdades se reflejan en historias cotidianas que todavía requieren respuestas concretas del Estado y de la sociedad.
Costa Rica ha dado pasos importantes.
Existe el Día Nacional de las Mujeres Afrocostarricenses, celebrado cada 31 de julio, y nuestro país ha asumido compromisos internacionales para combatir el racismo y promover la igualdad. Sin embargo, una sola fecha resulta insuficiente para desarrollar procesos educativos, culturales e institucionales capaces de generar una verdadera transformación.
Por esa razón presenté el proyecto de ley que declara del 25 al 31 de julio como la Semana Nacional de las Mujeres y de las Niñas Afrodescendientes. No se trata únicamente de incorporar una nueva efeméride al calendario nacional.
La propuesta busca convertir esa semana en un espacio permanente de educación, reflexión y reconocimiento. Plantea que instituciones como el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Cultura y Juventud, el Ministerio de Trabajo, el INAMU, la Caja Costarricense de Seguro Social, junto con universidades, colegios profesionales, organizaciones sociales y gobiernos locales, articulen actividades que permitan visibilizar el legado de las mujeres afrodescendientes y promover el respeto por la diversidad.
La iniciativa también procura que las nuevas generaciones conozcan una parte de la historia nacional que durante mucho tiempo permaneció al margen de los relatos oficiales.
Hablar de mujeres afrodescendientes es hablar de figuras como Eulalia Bernard Little, Marcelle Taylor Brown o Thelma Curling Rodríguez, pero también de miles de maestras, agricultoras, enfermeras, artistas, cocineras, parteras y líderes comunitarias que ayudaron a construir el país desde sus comunidades y cuyos aportes muchas veces no aparecen en los libros de historia.
La iniciativa también responde a los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de derechos humanos, igualdad racial y equidad de género, y fortalece el mandato constitucional de construir una sociedad verdaderamente inclusiva. Reconocer una semana dedicada a las mujeres y las niñas afrodescendientes no borra la historia. La completa. No divide al país. Lo representa mejor.
Porque una Costa Rica verdaderamente multiétnica y pluricultural no solo reconoce la diversidad en su Constitución. También la honra en su memoria, la enseña en sus escuelas y la convierte en una oportunidad para construir un futuro más justo para todas las personas.
