San José, 11 jun (elmundo.cr) – El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, lanzó fuertes críticas contra el fiscal general de la República, Carlo Díaz, a quien responsabilizó por lo que considera una falta de acción del Ministerio Público ante el ingreso ilegal de teléfonos celulares a los centros penitenciarios.
Durante sus declaraciones, Aguilar manifestó sentirse indignado por la actuación de algunos fiscales en casos relacionados con el ingreso de dispositivos móviles a las cárceles, pese a que desde hace un año existe legislación que tipifica esta conducta como un delito.
“Respecto a los celulares, yo creo que da pena, asco y vergüenza la actuación de la Fiscalía. Y aquí hay un único responsable y es usted, Carlo Díaz, fiscal general de la República”, afirmó el jerarca.
El ministro cuestionó que algunos representantes del Ministerio Público hayan considerado que estos casos corresponden a asuntos administrativos y no penales.
“¿Ustedes saben cuánto cuesta pasar una ley? Una ley que se firmó hace un año exactamente, que establece que meter celulares en una cárcel es un delito, como para que vengan fiscales a decir simplemente: ‘No, eso no nos corresponde a nosotros, eso es un tema administrativo'”, expresó.
Aguilar aseguró que esta posición envía un mensaje equivocado a las organizaciones criminales que operan desde los centros penitenciarios.
“¿Cuál es el mensaje que usted, Carlo Díaz, le está enviando a los delincuentes? Sigan metiendo teléfonos en las cárceles, sigan girando órdenes, sigan estafando gente porque va a imperar la impunidad y nosotros no vamos a hacer nada”, cuestionó.
Las declaraciones del ministro escalaron aún más cuando calificó a Díaz como “el peor fiscal general de la historia de este país” y pidió acciones por parte de la Corte Suprema de Justicia.
“¿Qué va a hacer la Corte Plena con el peor fiscal general de la historia de este país? Yo creo que ya es hora de que tomen medidas”, manifestó.
Finalmente, Aguilar sostuvo que la ciudadanía espera respuestas ante esta situación y pidió que se actúe con mayor firmeza contra quienes facilitan o participan en el ingreso ilegal de teléfonos celulares a las cárceles.
“Los costarricenses ya estamos cansados y estamos esperando respuestas. Esto no puede seguir así”, concluyó.
