San José, 14 jul (elmundo.cr) – La diputada oficialista y expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, denunció a la Contraloría General de la República (CGR), institución a la que acusa de haber sido instrumentalizada con fines de persecución política en el marco del mediático “Caso Barrenador”.
Durante su intervención en el programa “No mientas el show”, Esquivel reveló los detalles de una denuncia dirigida directamente contra la contralora general de la República, Marta Acosta.
Según la diputada, la jerarca evadió sus responsabilidades legales al negarse rotundamente a investigar a los funcionarios de la Contraloría que elaboraron el cuestionado documento que dio origen a la investigación penal.
“He sido sometida a un juicio político provocado por un papel ineficiente desempeñado desde la Contraloría; algo que no ha querido aceptar Acosta y que motiva esta denuncia, pues se negó a revisar el procedimiento anómalo de sus subordinados”, aseveró la legisladora.
El denominado Caso Barrenador estalló en setiembre de 2024. En aquel momento, la Fiscalía justificó una serie de allanamientos y detenciones basándose en una “nota técnica” de la Contraloría.
Esquivel sostiene que dicho informe se elaboró en tiempo récord y carece del rigor técnico necesario para comprobar los supuestos sobreprecios en la adjudicación de 138 Ebais a diversas cooperativas de salud.
La legisladora expuso además las debilidades del expediente judicial, señalando que, a la fecha, el Ministerio Público ni siquiera ha enviado una solicitud formal al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar un análisis forense de las ofertas económicas.
Por el contrario, reiteró que la adjudicación de estos contratos generará un ahorro comprobable de hasta ₡18.000 millones para la Caja.
Actualmente, el avance del proceso judicial enfrenta serios tropiezos. Las cooperativas de salud demandaron formalmente a la Contraloría por las inconsistencias de su documento base.
Paralelamente, la Sala Constitucional ya emitió fuertes señalamientos sobre filtraciones indebidas y un mal manejo de la prueba durante los allanamientos, vicios procedimentales que amenazan con anular la investigación.
