San José, 13 ago (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes informó este jueves que recibió de la Fiscalía General de la República información relacionada con las manifestaciones de dos personas privadas de libertad, catalogadas como extraditables, quienes aseguraron haber sido presuntamente víctimas de actos de tortura.
Según comunicó la institución, la información fue recibida a la 1:37 p. m. y corresponde a personas que estuvieron ubicadas en el Centro Nacional de Atención Específica.
Ante estos señalamientos, la Defensoría anunció que abrirá una investigación para determinar lo ocurrido.
La institución recordó que Costa Rica es Estado Parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como de su Protocolo Facultativo (OPCAT).
En ese sentido, enfatizó que existe una obligación estatal de prevenir y prohibir este tipo de prácticas.
“Existe el deber por parte del Estado de prohibir de manera absoluta la tortura, sin que puedan invocarse circunstancias excepcionales que la justifiquen”.
Como primera medida, la Defensoría indicó que “se formalizará la apertura de una intervención para realizar el procedimiento de investigación respectivo”, a partir de la información remitida por la Fiscalía General.
Además, la institución señaló que posteriormente analizará la información recibida para determinar si corresponde realizar una inspección.
“Una vez analizada la información, se valorará la realización de una inspección con el fin de recabar prueba”, indicó la Defensoría.
La eventual inspección buscaría revisar las condiciones en las que se encuentra esta población privada de libertad, así como las condiciones materiales de detención y los protocolos utilizados durante su custodia.
La Defensoría precisó que también se analizarán los protocolos aplicados por el personal de la Policía Penitenciaria.
La investigación se produce luego de que las dos personas privadas de libertad manifestaran ante la Fiscalía haber sido víctimas, presuntamente, de actos de tortura. Por ahora, corresponde a las autoridades determinar la veracidad y alcance de estos señalamientos.
