Laura Fernández separa a siete funcionarios de Fuerza Élite tras fallar prueba de polígrafo

San José, 22 jun (elmundo.cr) – La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció este lunes la destitución inmediata de siete funcionarios de confianza que ocupaban puestos de dirección, tras no superar las pruebas de polígrafo aplicadas a los miembros del grupo de trabajo “Fuerza Élite”.

La mandataria, quien mantiene una postura de “mano dura” contra el crimen organizado, detalló que el proceso de evaluación alcanzó a 33 funcionarios, de los cuales siete no lograron aprobar los estándares requeridos.

“Ustedes saben que tengo un compromiso firme con la transparencia. Es por eso que en nuestra sesión de hoy, ordené al ministro de Seguridad que separe del grupo de Fuerza Élite y que cese los nombramientos de confianza que ocupaban como directores a estos siete funcionarios”, afirmó Fernández.

La jefa de Estado aclaró que, para tranquilidad de la ciudadanía, los ministros y directores de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y de la Unidad Especial de Intervención (UEI) aprobaron satisfactoriamente el examen.

Investigación en curso

Además de la remoción inmediata de sus cargos, la presidenta Fernández instruyó la apertura de una investigación preliminar contra los siete funcionarios destituidos, la cual será conducida directamente desde su despacho.

Las pruebas fueron aplicadas bajo la coordinación de la DIS con el apoyo de la empresa IPSC, certificada internacionalmente. El cuestionario incluyó preguntas específicas sobre vínculos con el crimen organizado, narcotráfico y la recepción de beneficios ilícitos durante el ejercicio de sus funciones.

“Compatriotas, seré implacable combatiendo la corrupción y limpiando a Costa Rica”, enfatizó la mandataria, quien desde el inicio de su gestión ha priorizado la depuración de los cuerpos policiales y la articulación de acciones contra el narcotráfico mediante la denominada “Fuerza Élite”.

Esta medida se suma a los esfuerzos del Ejecutivo por garantizar la integridad de los jerarcas encargados de la seguridad nacional, en un contexto donde el gobierno ha insistido en que la lealtad y la dignidad deben comenzar por quienes ejercen las responsabilidades públicas más altas.

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