El control político no tiene que ser amable. Tiene que ser serio, duro y, cuando los hechos lo exigen, demoledor. A la presidenta Laura Fernández se le puede acusar de error, contradicción, privilegio o mala política. Lo que no puede disfrazarse de fiscalización es el recurso de reducirla a una menor intelectual. El 5 de agosto, al cuestionar el régimen de pensiones de expresidentes, el diputado del Frente Amplio Edgardo Araya afirmó que ella “se hace la tontita”. La discusión sobre la pensión era legítima. El diminutivo fue otra cosa.
El golpe y la coartada
En ese momento Araya abandonó el argumento y eligió la descalificación. Su frase solo admite dos lecturas. O la Presidenta no entiende un asunto que debería comprender, o lo entiende y finge ignorancia para engañar. En una lectura la infantiliza. En la otra la presenta como embustera. Su defensa inicial, según la cual no había dicho que fuera tonta sino que “se hacía”, fue una pirueta gramatical. Lanzó el golpe y luego pretendió discutir la sintaxis del puño.
Horas después pidió disculpas, retiró la expresión “sin condiciones” y prometió no repetir ese lenguaje. Bien hecho. Pero la disculpa es higiene democrática mínima, no una medalla al mérito. Reconoce que se cruzó una línea, aunque no explica por qué un diputado experimentado, con micrófono y fuero parlamentario, necesitó un diminutivo de patio escolar para sostener una crítica que podía formular con cifras y documentos.
Tampoco fue un episodio completamente aislado. Seis días antes, después de una actividad en La Tigra de San Carlos, Araya dijo que Fernández “se lo gorreó” porque ella tenía “la tribuna y el microfonote”. Esa expresión, por sí sola, no prueba misoginia. Junto con el posterior “tontita”, sin embargo, revela una secuencia incómoda. Primero se presenta como víctima de una mujer que controla el micrófono. Luego personaliza el conflicto. Finalmente intenta empequeñecerla mediante el lenguaje.
En Costa Rica existe una palabra áspera para la valentía selectiva del supuesto hombre que se agranda frente a una mujer y se encoge cuando llega la censura pública. Esa palabra es “chuchinga”. No la empleo como sentencia sobre la persona de Araya, sino como descripción del gesto. Hubo una bravuconada desde la curul, retirada semántica y disculpa cuando el costo político se volvió evidente. Mucho volumen, poco argumento.
El feminismo que calla
La gravedad aumenta porque Araya pertenece a un partido que en la teoría se declara oficialmente feminista. El Frente Amplio afirma que rechaza la dominación sexista y patriarcal, que promoverá la igualdad y que actuará para erradicar estereotipos y violencia contra las mujeres en la política. El 12 de marzo su Comisión Política publicó un pronunciamiento contra el acoso y sostuvo que los insultos, la ridiculización y los ataques buscan silenciar a las mujeres. Incluso llamó a “alzar la voz” contra quienes ejercen violencia de género. La prosa era impecable. El examen llegó en su propia bancada y obviamente obtuvo cero.
Hasta el cierre de este artículo, el 6 de agosto, y tras revisar los canales oficiales y la cobertura periodística disponible, no se localizaba un pronunciamiento público de la fracción o de la dirección partidaria censurando la conducta de su diputado. Araya habló por sí mismo. El partido, tan locuaz para repartir certificados de superioridad moral, guardó silencio. Esa omisión es políticamente relevante. Quien ha convertido el feminismo en parte de su identidad no puede declararse neutral cuando la prueba de coherencia ocurre dentro de casa. A esto le llamamos hipocresía.
El problema no es únicamente que el Frente Amplio haya guardado silencio ante una frase impropia. El problema es la selectividad de su aparato moral. Para los adversarios dispone de comunicados, etiquetas, seminarios y condenas instantáneas. Para el compañero que se desboca desde la curul aparece, de pronto, una prudencia monástica. El partido que se proclama vanguardia de la igualdad no encontró todavía la voz para aplicar su doctrina dentro de casa.
Aquí aparece el feminismo de utilería. No protege un principio universal, administra permisos partidarios. Cuando la mujer atacada pertenece al catálogo ideológicamente aprobado, se encienden consignas y tribunales morales. Cuando la víctima incomoda al relato partidario, llegan los matices, la semántica y el silencio. Eso no es igualdad. Es una franquicia ideológica. No es defensa de las mujeres. Es protección selectiva de activos políticos.
Este episodio retrata a una izquierda de consigna, más aficionada al vocabulario importado que al principio que dice defender. Copia eslóganes, recicla fórmulas ajenas y las exhibe como doctrina, pero cuando debe aplicarlas contra uno de los suyos pierde repentinamente el diccionario. No faltan palabras. Falta convicción. Mucho manual de corrección política, mucha superioridad moral y muy poca integridad para usar ambos dentro de la propia bancada.
La dignidad no tiene carné
No hace falta adherir al oficialismo ni compartir cada decisión de Laura Fernández para reconocer lo elemental. La dignidad, la igualdad ante la ley y el respeto a la autoridad democrática no son patentes del progresismo. Se puede combatir con firmeza a una presidenta, una diputada o una ministra. Se puede cuestionar su ideología, su gestión y sus decisiones. Lo que no hace falta es infantilizarla, sexualizarla o reducirla a un estereotipo. La crítica dura distingue a una democracia adulta. La humillación barata delata al crítico.
La Ley 10.235 reconoce manifestaciones psicológicas y simbólicas de violencia contra las mujeres en la política. Determinar si este caso encaja jurídicamente en esa categoría corresponde a las autoridades competentes. El análisis político no necesita improvisar una condena legal. Basta identificar el mecanismo. Se abandona la política pública, se cuestiona la capacidad de la mujer y se utiliza un diminutivo para reducir su autoridad. No toda crítica a una mujer es misoginia. Precisamente por eso “tontita” resulta tan revelador, y revela más a su interlocutor.
Edgardo Araya debe aprender del episodio y sostener sus próximas críticas con hechos. El Frente Amplio debe hacer algo más difícil. Debe demostrar que sus principios también rigen cuando el infractor viste sus colores. Le corresponde pronunciarse, aplicar sus propios procedimientos y explicar si su compromiso feminista es una norma o un simple adorno de campaña. El silencio institucional, mientras tanto, funciona como una respuesta. Y es una respuesta bastante fea.
La frase no empequeñeció a Laura Fernández. Empequeñeció al mísero diputado que la pronunció. También sometió a auditoría la moral pública de su partido y el resultado fue deficitario. Cuando la izquierda convierte la dignidad femenina en una licencia partidaria, traiciona a las mujeres y a la democracia. Cuando el Frente Amplio calla ante el “tontita” de uno de los suyos, su feminismo deja de ser principio y se vuelve escenografía. Mucha bandera, mucho sermón y, cuando llega la factura a la propia bancada, la ventanilla moral aparece cerrada.
