San José, 20 nov (elmundo.cr) – La presidenta de la República, Laura Fernández, fue enfática en que con respecto al presupuesto nacional 2027 van a esperar la resolución de la Sala Constitucional.
Fernández recalcó que “desde el Gobierno de la República nunca ha habido ninguna intención de recortar el presupuesto del Poder Judicial para socavarlo, para dañar su independencia, para restarle capacidades”.
“Le presenté aquí a mis colegas los datos del presupuesto del Poder Judicial del periodo 2022, 23, 24, 25, hasta la del 27, donde con datos en la mano les mostré cómo todos estos presupuestos, incluido el del próximo año, supera por mucho el del próximo año prácticamente 56 mil millones de más de lo que establece la norma constitucional del 6%”.
La mandataria explicó que “con esto quiero ser muy enfática y reviste para mí de mucha importancia decirlo en este salón, de que desde el Gobierno de la República estamos haciendo una distribución responsable del ingreso nacional a todos los poderes e instituciones de la República y que en el caso del Poder Judicial estamos, como ha sido la trayectoria en los últimos ciclos presupuestarios, dando más de incluso lo que establece la norma constitucional”.
“Y sobre las reglas de ejecución presupuestaria, las normas de ejecución presupuestaria, que hoy están siendo objeto de análisis por la Sala Constitucional, también yo hice una reiteración y también traje la información de que desde el Gobierno de la República no existe ningún afán de bloquear la buena ejecución de 30 mil millones de colones que tiene el Tribunal sujetos a estas normas”, manifestó.
Fernández recalcó que “desde el Gobierno de la República tenemos que acatar disposiciones de la Contraloría General de la República y que para el 2024, 2025, 2026 los informes sobre la liquidación del presupuesto del Poder Judicial fueron improbados por la Contraloría General. Incluso traje acá el informe donde les comentaba que la Contraloría nos recuerda a la Administración, y lo voy a leer textualmente, que es responsabilidad mantener controles adecuados y garantizar que la información presupuestaria sea correcta y confiable”.
“Desde el Gobierno de la República tanto la distribución del presupuesto como las normas de ejecución no se han hecho con ninguna mala fe, ni con el afán jamás de lesionar las buenas funciones del Poder Judicial, sino que van en la línea de cumplir eficientemente con la distribución de los fondos públicos y también por velar por el buen uso de los dineros del pueblo de Costa Rica acatando disposiciones del órgano contralor”, dijo.
“Acordamos después de presentar estos datos, pues, seguir esperando el voto de la Sala. Por supuesto que desde el Poder Ejecutivo, como ha sido tradición, acataremos de extremo a extremo cualquier sentencia del órgano constitucional de nuestro país”, concluyó.