San José, 28 oct (elmundo.cr) – La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció este miércoles la decisión de no firmar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y ordenó su archivo inmediato, argumentando falta de transparencia en el proceso de negociación.
Como consecuencia directa de esta decisión, la mandataria informó la destitución de la ministra de Comercio Exterior (COMEX), Indiana Trejos.
“Soy una persona transparente y me gusta trabajar con las cartas sobre la mesa, abierta y sinceramente. Y por eso decidí remover de su puesto a la ministra Trejos e instruí que no se firme ese tratado y que se archive de manera inmediata”, declaró Fernández durante su mensaje a la nación.
La jefa de Estado señaló que, pese a sus instrucciones previas de compartir el contenido del acuerdo con los sectores involucrados, el documento permaneció bajo secretismo. “Aunque pareciera una excelente oportunidad, su contenido completo fue declarado secreto por los negociadores, a tal punto que casi nadie sabe en qué consiste, a quiénes beneficia y a quiénes afectará”, afirmó.
Fernández, quien se definió como una persona “liberal en lo económico y conservadora en lo social”, enfatizó que su prioridad es proteger a las familias costarricenses dedicadas a la ganadería, lecherías y la producción agrícola a pequeña y mediana escala.
“Como su presidente, jamás puedo poner en juego el futuro de miles de familias costarricenses (…). Quienes ignoran cuáles son las reglas del juego de este nuevo tratado o tienen dudas fundamentadas, ¿cómo podrían entonces prepararse para competir con un gigantesco mercado de 600 millones de personas?”, cuestionó la gobernante.
Tras el anuncio, la mandataria confirmó que el Gobierno enfocará sus esfuerzos en una “amplia agenda de acompañamiento al productor agropecuario nacional no exportador”.
Esto incluirá el fortalecimiento del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) para incrementar las compras estatales a los productores locales, además de una lucha frontal contra el contrabando y el comercio ilícito.
Esta decisión pone fin a semanas de incertidumbre y tensiones entre el Poder Ejecutivo y diversos sectores productivos que habían manifestado su preocupación por los posibles efectos de la adhesión al bloque comercial, el cual había sido impulsado durante la administración anterior.