San José, 9 ago (elmundo.cr) – La Sala Constitucional logró algo que era impensable respecto al fallo sobre el matrimonio de personas del mismo sexo.
Y es que todos los sectores políticos y civiles, opuestos y favorables al matrimonio igualitario han expresado casi de manera unánime rechazo a lo resuelto por la Sala Constitucional.
El tribunal constitucional, decidió por un lado avalar la resolución de la Corte IDH sobre la consulta realizada por Costa Rica respecto al tema, pero a la vez “insta” a la Asamblea Legislativa, en el uso de su función legislativa constitucionalmente asignada, a que en el plazo de 18 meses, contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, adecue el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo, en los términos expuestos en esta sentencia”.
Sobre el fallo el diputado oficialista, Enrique Sánchez, criticó que “los magistrados y magistradas no estuvieron a la altura de la tradición y la historia costarricenses en materia de derechos humanos, no estuvieron a la altura del respeto al derecho internacional”.
Por su parte el legislador del Frente Amplio, José María Villalta y hermano de una de las personas que presentaron las acciones de incostituccionalidad, apuntó “este plazo y “tirarle la bola” a la Asamblea, no tienen sentido. Procedería si hubiera que dictar toda una legislación nueva y compleja. Pero en este caso se trata simplemente de eliminar una prohibición injusta”.
El excandidato presidencial, Fabricio Alvarado Muñoz, también criticó el falló y señaló que “la Sala IV está adhiriéndose a la opinión consultiva de la Corte IDH, lo cual me parece lamentable, en el entendido de que esta opinión consultiva no es vinculante. La Sala está diciendo que si en 18 meses los diputados no aprueban el matrimonio homosexual pues quedaría de facto aprobado”.
La Defensoría de los Habitantes se mostró sorprendida por el fallo ello por cuanto deja en vigencia por 18 meses una norma que la declara inconstitucional por mayoría. Considera además que aunque la Sala Constitucional respeta la resolución del Tribunal “sí dejó escapar la oportunidad para que la resolución fuera contundente y definitiva en aras de la eliminación inmediata de la prohibición del matrimonio igualitario en Costa Rica”.
Monseñor José Manuel Garita Herrera, Obispo de Ciudad Quesada, indicó que “como pastor de la Iglesia, reafirmo la doctrina católica, basada en la revelación divina, acerca del matrimonio entre varón y mujer. Estamos a la espera del texto íntegro de la resolución de la Sala
Constitucional, para analizar sus contenidos y alcances. Para lo que viene, en adelante, hago un llamado al diálogo sincero, objetivo, transparente y sereno, libre de fanatismos y posturas extremas”.
La exdiputada Alexandra Loría lamentó que “la Sala Constitucional no reconozca la soberanía nacional de Costa Rica. Verdaderamente Costa Rica ha dejado de ser un estado independiente, lo cual viola gravemente el artículo 1 de la Constitución y el principio de la autodeterminación de los pueblos”. Agregando que “es tiempo que en Costa Rica se debata si debemos salirnos o no de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En lo personal creo que sí”.
Mientras que los legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pidieron avanzar en su proyecto de ley de Unión Civil para parejas del mismo sexo”.
En el caso del Movimiento Nacional por el Matrimonio Igualitario procederá a acompañar y accionar los mecanismos pertinentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte IDH. Al mismo tiempo que rechazaron los pronunciamientos emitidos por la Sala Constitucional, sobre matrimonio igualitario y las uniones de hecho entre personas del mismo sexo.
En el caso del Partido Vamos mencionó que “el fallo de la Sala Constitucional es irresponsable y cobarde. Decidieron dilatar el reconocimiento de los derechos humanos. Lo que hicieron fue irrespetar el ordenamiento jurídico nacional e internacional y condenarnos a ser un país violador de derechos”.
