San José, 09 nov (elmundo.cr)-El reporte “Libertad de Expresión en Costa Rica: Elecciones Generales de 2026″, elaborado por la investigadora Mariateresa Garrido V. con la colaboración de Beatriz María González Acuña, concluye que la cobertura informativa fue amplia y continua, pero se concentró en conflictos entre poderes, controversias políticas y figuras de poder, en detrimento de las propuestas de gobierno y de la elección legislativa.
El estudio analizó 7.301 noticias publicadas entre el 1 de abril de 2025 y el 1 de febrero de 2026, a partir del monitoreo de 45 medios de comunicación nacionales y regionales. Su conclusión central es que el problema no fue la ausencia de información, sino que esta no siempre fue útil para que la ciudadanía tomara decisiones informadas.
“La pregunta que el sistema mediático respondió fue quién iba ganando, no qué proponía”, señala el reporte al describir el predominio de las encuestas sobre el análisis de los planes de gobierno.
El poder opacó la contienda
El entonces presidente Rodrigo Chaves y el Poder Ejecutivo fueron los actores más mencionados durante el período analizado. Aparecieron en 1.922 publicaciones, equivalentes al 26,3% del total monitoreado, por encima del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con 1.615 noticias (22,1%), y de la Asamblea Legislativa, con 1.497 (20,5%).
Ninguna candidatura presidencial se acercó a esas cifras. Laura Fernández, la candidata más mencionada, apareció en 528 noticias, seguida por Álvaro Ramos, con 341.
Esa concentración de atención en Chaves, pese a no competir por un cargo de elección popular, redujo el espacio para que la ciudadanía conociera a quienes sí participaban en la contienda. Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 16 de enero de 2026 se publicaron 1.461 noticias, pero solo 31 incluyeron propuestas de campaña en su título.
Además, ocho candidaturas presidenciales no tuvieron discusión alguna de sus planes de gobierno en los medios monitoreados.
Diputaciones quedaron al margen
La elección de los 57 diputados recibió una cobertura marcadamente inferior a la presidencial. De 2.696 noticias relacionadas con acceso a información, solo 282 trataron la contienda legislativa.
La distribución fue desigual: el Partido Pueblo Soberano recibió 45 menciones, el Partido Liberación Nacional 17,7 y el Frente Amplio 9,2. Ocho partidos, cuatro de ellos provinciales, no recibieron ninguna mención durante nueve meses.
Menos de una de cada diez noticias sobre diputaciones ofreció información sustantiva sobre propuestas. Las provincias de Limón, Puntarenas y Guanacaste fueron las más afectadas por esa brecha territorial.
El reporte también advierte que, de 95 noticias sobre resultados, solo cuatro trataron la elección legislativa de forma independiente de la presidencial. La composición de la nueva Asamblea, definida mediante el sistema de cociente y residuos, prácticamente no fue explicada.
TSE: fortaleza con límites
El TSE fue la principal fuente de información electoral y demostró capacidad técnica para organizar el proceso. Su herramienta interactiva de consulta del padrón resultó decisiva el día de la votación, y una resolución de diciembre de 2025 garantizó el acceso a información electoral para personas privadas de libertad.
Sin embargo, el reporte identifica una vulnerabilidad estructural: el Tribunal asumió simultáneamente los roles de organizador, árbitro y parte en controversias públicas. Cuando el Ejecutivo cuestionó su legitimidad, el TSE debió destinar parte de su comunicación a defenderse, lo que redujo su capacidad para informar ampliamente sobre el proceso.
También hubo vacíos informativos. La aclaración de que la cédula digital no era válida para votar se difundió principalmente por el Tribunal, y 24.675 personas quedaron fuera del padrón por no solicitar la cédula a tiempo.
La información sobre las juntas receptoras de votos, su conformación, capacitación e instalación también fue limitada, al igual que la dirigida a personas jóvenes, adultas mayores, personas con discapacidad y costarricenses en el exterior.
Decisiones tardías
El desfase entre la intervención del TSE y la publicación de sus resoluciones fue uno de los problemas más serios identificados. En agosto de 2025 había 135 denuncias por beligerancia pendientes, algunas presentadas desde 2019.
La medida cautelar sobre propaganda religiosa se dictó el 16 de enero de 2026, pero se conoció públicamente el 19, cuando faltaban 15 días para la elección. La ciudadanía votó, por tanto, sin conocer la resolución definitiva de varios procedimientos que podían afectar la equidad de la campaña.
El reporte sostiene que la capacidad de investigar o detener una conducta no es suficiente si la información sobre sus consecuencias llega después de que la ciudadanía ya tomó su decisión.
Desinformación e inteligencia artificial
La desinformación preocupaba al 80% de la población, pero solo 150 de las 7.301 noticias analizadas trataron directamente el fenómeno.
Los contenidos falsos proliferaron donde la información oficial era escasa o ambigua, especialmente sobre la cédula digital, las juntas receptoras de votos, el conteo de votos y el financiamiento partidario.
La inteligencia artificial agravó el desafío. De 764 noticias sobre IA, redes sociales, influencers y creadores de contenido, solo 83 se vincularon directamente al proceso electoral. Nueve de los 20 partidos con candidatura presidencial reconocieron haber utilizado estas herramientas.
Los proyectos de ley presentados por el TSE en 2023 para actualizar las reglas sobre propaganda, redes sociales e inteligencia artificial no fueron aprobados antes del 30 de septiembre de 2025. Por ello, el Tribunal enfrentó el proceso sin un marco normativo actualizado y respondió de manera correctiva, caso por caso.
Financiamiento sin transparencia
El financiamiento político también mostró debilidades. El TSE determinó repartir 39 mil millones de colones, equivalentes al 0,11% del Producto Interno Bruto. De ese monto, unos 15 mil millones correspondieron a deuda política, suma que cubrió apenas el 46% de esa obligación.
La falta de información desagregada impidió conocer cuánto se invirtió en publicidad, eventos, campaña presidencial o legislativa. Según el reporte, sin esos datos no es posible determinar si la visibilidad de una candidatura respondió a sus propuestas o a su capacidad de inversión, ni identificar a los principales financistas.
La incorporación de criptomonedas como fuente de financiamiento, autorizada mediante una resolución de septiembre de 2025, añadió un desafío adicional, pues su fiscalización requiere capacidades técnicas especializadas.
Periodismo bajo presión
El informe registra 263 noticias vinculadas a violencia contra periodistas y medios de comunicación, aunque la mayoría no estuvo relacionada directamente con la campaña electoral. Aun así, advierte que la baja cantidad de casos electorales no debe interpretarse como ausencia de hostilidad.
Un estudio de la Universidad de Costa Rica citado en el reporte encontró que 53,5% de las personas participantes consideró que el presidente irrespetaba a periodistas y medios, mientras que 54,8% consideró peligroso ejercer el periodismo en Costa Rica.
El reporte recomienda documentar los incidentes de forma sistemática, crear mecanismos de monitoreo y establecer estándares de conducta para evitar que la hostilidad contra la prensa se normalice.
Recomendaciones
El documento presenta 82 recomendaciones dirigidas al TSE, los partidos políticos, los medios de comunicación, la sociedad civil y la Asamblea Legislativa.
Entre las prioridades están ampliar la cobertura de propuestas y candidaturas, reducir la brecha territorial, publicar información financiera desagregada, crear mecanismos de alerta temprana contra la desinformación, proteger a periodistas y garantizar información accesible para poblaciones históricamente excluidas.
La conclusión del estudio es contundente: Costa Rica necesita no solo más información electoral, sino información de mayor calidad democrática —accesible, plural, verificable, oportuna y útil— para que la ciudadanía pueda participar y decidir con elementos suficientes.
