San José, 09 nov (elmundo.cr) – La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, anunció que el Congreso podrá continuar con la discusión del proyecto de ley de presupuesto ordinario de 2027, pero deberá suspender la votación en segundo debate, en cumplimiento de una medida cautelar dictada este lunes por la Sala Constitucional.
La jerarca legislativa explicó que la resolución permite mantener la deliberación parlamentaria, aunque impide someter el expediente 25.754 a votación antes del 29 de noviembre de 2026.
«Podemos continuar la discusión, no la votación, de este expediente. Una vez que el asunto se considere discutido, suspenderemos el acto de votación, el cual, en estricto apego a lo indicado por la Sala Constitucional, no podrá realizarse. De esta manera garantizamos la continuidad de la deliberación parlamentaria», manifestó Jiménez.
La decisión responde a una medida cautelar «urgentísima» emitida por el magistrado presidente a. i. de la Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro, tras una solicitud presentada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González.
La orden establece que la Asamblea Legislativa debe abstenerse de someter a segundo debate el proyecto de presupuesto nacional antes del 29 de noviembre, con el propósito de que la Sala pueda emitir su pronunciamiento sobre los cuestionamientos constitucionales planteados por el Poder Judicial.
Cuestionamientos del Poder Judicial
La solicitud de la presidenta de la Corte advierte sobre las consecuencias que podrían tener las normas de ejecución presupuestaria 9, 10, 11 y 12 para el funcionamiento del Poder Judicial.
Entre los principales riesgos señalados figuran el bloqueo de ₡29.843,8 millones, el posible despido de más de 2.400 personas servidoras judiciales y el cierre técnico de sedes regionales como Cóbano, Jacó, Quepos y Puerto Jiménez.
También se advirtió sobre posibles afectaciones a la seguridad de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), debido a la falta de equipo básico para desarrollar sus funciones.
Otro de los cuestionamientos se relaciona con la supuesta omisión de la consulta preceptiva establecida en el artículo 167 de la Constitución Política, que contempla una votación de 38 diputados cuando el Congreso decide apartarse del criterio del Poder Judicial sobre su presupuesto.
La Sala Constitucional señaló que la medida cautelar busca garantizar que el control de constitucionalidad pueda realizarse oportunamente y que su pronunciamiento no pierda efecto ante una eventual aprobación definitiva del proyecto.
El artículo 178 de la Constitución establece el 30 de noviembre como fecha límite para la aprobación definitiva del presupuesto nacional.
