San José, 09 nov (elmundo.cr) – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictó este lunes una medida cautelar “urgentísima” que ordena a la Asamblea Legislativa abstenerse de someter a segundo debate el proyecto de ley de presupuesto ordinario 2027, expediente 25.754, antes del 29 de noviembre de 2026.
La resolución, emitida por el magistrado presidente a.i. de la Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro, responde a una solicitud presentada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, quien advirtió sobre un impacto “catastrófico” para la administración de justicia de aprobarse el plan de gastos en los términos actuales.
Según el documento, la Corte alegó que el proyecto incluye normas de ejecución presupuestaria (9, 10, 11 y 12) que “inciden directamente de manera negativa, directa y gravísima en la organización y funcionamiento del Poder Judicial al bloquear recursos y congelar plazas”.
La jerarca judicial detalló que, de convertirse en ley sin el control previo de constitucionalidad, el Poder Judicial enfrentaría a partir del 1 de enero de 2027:
- La “asfixia financiera” mediante el bloqueo de ¢29.843,8 millones.
- El despido de más de 2.400 personas servidoras judiciales.
- El cierre técnico de sedes regionales, incluyendo Cóbano, Jacó, Quepos y Puerto Jiménez.
- Riesgos a la seguridad nacional y a la integridad de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por falta de equipo básico.
La presidenta de la Corte denunció que se omitió la consulta preceptiva del artículo 167 constitucional, el cual exige una votación calificada de dos terceras partes (38 votos) cuando la Asamblea decide apartarse del criterio del Poder Judicial sobre su presupuesto.
La Sala Constitucional reprochó además la “dilación provocada por la propia Asamblea Legislativa” al omitir la remisión oportuna del expediente legislativo, pese a haber sido solicitado por el Tribunal desde el 26 de octubre y reiterado el 4 de noviembre.
“La consulta pasaría de ser un mecanismo de verificación oportuna a un pronunciamiento extemporáneo incapaz de evitar la entrada en vigencia de vicios procedimentales o sustanciales”, señaló la Corte en su resolución, justificando que la medida cautelar es necesaria para no hacer “nugatorio” el efecto del control constitucional.
El fallo subraya que la orden de no votar el presupuesto antes del 29 de noviembre permite a la Sala emitir su dictamen sin afectar el cumplimiento del plazo constitucional establecido en el artículo 178 de la Constitución Política, que fija el 30 de noviembre como fecha límite para la aprobación definitiva del presupuesto nacional.
