San José, 09 nov (elmundo.cr) – El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, aseguró que la medida cautelar dictada por la Sala Constitucional sobre el Presupuesto Nacional de 2027 respalda los cuestionamientos que esa agrupación política había planteado sobre las normas de ejecución presupuestaria que afectan al Poder Judicial.
Ramírez señaló que el PLN había advertido desde el inicio de la discusión legislativa sobre la necesidad de analizar esas disposiciones a la luz del artículo 167 de la Constitución Política, debido a sus posibles implicaciones para la independencia de poderes.
«Lo que ahora viene a decir la Sala es que no se puede votar hasta que la Sala no resuelva esa consulta que hizo Liberación Nacional», manifestó el legislador.
El diputado explicó que la consulta presentada por su bancada responde a la preocupación de que las disposiciones presupuestarias permitan al Gobierno ejercer control sobre los recursos asignados al Poder Judicial.
«Estamos absolutamente convencidos de que esas normas violan el principio de independencia entre poderes, porque es sujetar el recurso que le estamos aprobando al Poder Judicial a decisiones del Poder Ejecutivo», afirmó.
El jefe de fracción indicó que Liberación Nacional presentó una solicitud para que se suspendiera la votación del proyecto mientras la Sala Constitucional resolvía la consulta. Según dijo, la gestión fue presentada por su bancada durante la tarde de este lunes.
Ramírez también cuestionó la forma en que se ha desarrollado la discusión legislativa y sostuvo que el camino debe ser el diálogo entre los poderes de la República.
«Este no es el camino, es el diálogo», expresó.
La Sala Constitucional dictó este lunes una medida cautelar «urgentísima» que ordena a la Asamblea Legislativa abstenerse de someter a segundo debate el expediente 25.754, correspondiente al Presupuesto Nacional de 2027, antes del 29 de noviembre.
La resolución se produjo tras una gestión de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, quien solicitó la intervención del Tribunal ante los posibles efectos de varias normas presupuestarias sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
La Asamblea podrá continuar la discusión del proyecto, pero deberá suspender la votación en segundo debate hasta que se cumpla lo dispuesto por la Sala Constitucional.
