San José, 5 oct (elmundo.cr) – El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) puede ser afectado por las restricciones establecidas para el desarrollo de la tecnología (5G), esto a partir del decreto 44196-MSP-MICITT, según el informe del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).
En el informe explican que “este decreto establece como obligación la no contratación de servicios 5G con empresas que provengan de países que no hayan ratificado el convenio de Budapest sobre la ciberseguridad”.
“Este convenio deja fuera las compañías chinas, como Huawei que tiene vínculo con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), pero además deja fuera países como Corea del Sur, Singapur, Suecia y Brasil, que son parte de los más de 100 países que no han firmado el acuerdo”, agregan.
Según el Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, este decreto a ocasionado preocupación en varios sectores pues “una línea de malas decisiones podría ocasionar una crisis educativa, aumentar las brechas de desigualdad y romper con tratados ya establecidos que cerrarían las puertas al país, este es el caso actual con China”.
De igual forma en el documento señalan que China “considera que la decisión de Costa Rica va en contra de la ley de mercado y los principios de competencia leal, al discriminar y excluir a países específicos con base en riesgos que no existen“.
China está a la espera de que Costa Rica “pueda ofrecer, con una actitud objetiva y justa, un ambiente de negocios justo y equitativo”.
“La contraparte china está dispuesta a promover junto con la parte costarricense el desarrollo constante y sano de la Asociación Estratégica China-Costa Rica sobre la base de igualdad, confianza mutua, cooperación y ganar-ganar, concluyó la portavoz. Abierto y no discriminatorio para todas las empresas”, recalcan.
Por otro lado el informe hizo mención a las declaraciones dadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) al Semanario Universidad, donde indican que “es una decisión sustentada técnicamente y no bajo motivación política. A partir de la tecnología de 5G y su profunda integración en distintos procesos y aplicaciones, se trasiegan grandes cantidades de datos permitiendo almacenar información personal y sensible de los usuarios y en ese sentido los operadores y proveedores en Costa Rica tienen la obligación jurídica de garantizar el derecho a la intimidad, la privacidad y el secreto de las comunicaciones, así como de proteger la confidencialidad de la información que obtengan de sus clientes o de otros operadores”.
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