San José, 26 ene (elmundo.cr) –Un nuevo caso pone entredicho las actuaciones a lo interno del ICE. Se trata del pago de cesantía a 26 funcionarios de la institución, pese a la alerta de “ilegalidad” que, a través de pronunciamientos vinculantes, hizo la Procuraduría General de la República (PGR).
Por ese motivo, ahora la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Telecomunicaciones (Anttec), le solicita a la Administración del ICE respuestas claras y transparentes, ya que existe incertidumbre sobre la petitoria de devolución de los pagos de cesantía y sus intereses.
En el 2015, la Administración Solís Rivera trasladó las actividades de la rectoría de gobierno digital del ICE al Micit, por lo que el Consejo Directivo de la institución giró instrucciones para que el personal de la División Gobierno Digital, adscrita a la Gerencia de Telecomunicaciones, fuera liquidado y recontratado en Racsa.
Ese mismo año, el 22 de octubre, la Dirección Jurídica, junto con la exdirectora de Consultorías y Procesos Judiciales, Gabriela Sánchez Rodríguez, emite supuestamente un criterio en el cual indicaba que el personal que se desvinculara voluntariamente del ICE y se recontratara en subsidiarias podía conservar la cesantía a pesar de no estar cesantes.
Lo anterior contrariaba dos pronunciamientos vinculantes de la Procuraduría, por lo que en apego a ellos, el 4 de noviembre de 2015, Sánchez Rodríguez emite un nuevo criterio donde se aparta del anterior e indica que los montos pagados de cesantía deben devolverse.
Aunado a ello, la exfuncionaria habría recomendado que en caso de duda, se elevara una nueva consulta a la PGR, sin embargo, luego sería cesada de su cargo y sin responsabilidad patronal.
El 9 de diciembre de 2015, Julieta Bejarano, junto con su subalterno, el director de la Dirección de Consultoría y Procesos Judiciales, Luis Guillermo Alan Alvarado, emiten un pronunciamiento en el cual habrían dejado sin efecto el criterio de Sánchez.
Dicho criterio, el DJI-257-893-2015, además indica que: “reiteramos que tampoco se hace necesario la consulta a la Procuraduría para el presente caso”.
Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, pusieron el caso en conocimiento de la Procuraduría de la Ética Pública, la cual el 22 de diciembre pasado manifestó lo siguiente:
“…en lo que atañe al supuesto de enriquecimiento sin causa de quienes percibieron el importe de cesantía y no lo devolvieron al ingresar de nuevo a la función pública, debemos inclinarnos por reiterar lo que la jurisprudencia administrativa de la PGR ha señalado para estos casos, y es que la única sanción que corresponde al servidor que incumpla la obligación de repetir proporcionalmente lo pagado en el supuesto de comentario, es que la entidad que canceló el rubro, realice el respectivo cobro de las sumas con sus intereses, previo levantamiento del procedimiento de rigor.”
La respuesta coincide con el criterio jurídico de la exfuncionaria Sánchez, que luego sería anulado por su jefatura.
Según Anttec, lo anterior ha causado un daño patrimonial a 26 funcionarios, quienes fueron “convencidos” de renunciar voluntariamente al ICE, bajo la promesa de mantener su cesantía y ser recontratados inmediatamente en una subsidiaria.
“Ahora deben enfrentarse a un panorama muy diferente al que les ofrecieron, devolviendo dicha cesantía con los intereses que señaló la Procuraduría en su resolución, debido a que no estuvieron cesante, ya que al ser desvinculados del ICE y ser contratados por una subsidiaria del Grupo ICE en forma inmediata, siguieron trabajando para el Estado, como un mismo patrono”, concluyó la asociación.
EL MUNDO está a la espera de que el ICE dé a conocer cuál es el monto total, entre pago de cesantía e intereses, que tendrían que devolver los funcionarios.
