San José, 4 dic (elmundo.cr) –A partir de mañana inicia la audiencia en el Juzgado Penal de Hacienda, donde comparecerán funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y la apoderada corporativa de la constructora Hernán Solís, Mélida Solís Vargas, por el supuesto delito de Influencia contra la Hacienda Pública.
Este 5 y 6 de diciembre, se llevarán a cabo las audiencias preliminares, luego de que el Ministerio Público acusara a tres personas del Conavi y a la representante de la constructora, por estar implicados con el aparente pago de una factura de casi ₡1000 millones, en diciembre de 2011.
La denuncia recae en contra de Solís Vargas y los entonces funcionarios del Conavi, Marco Rojas Jenkins, gerente de Conservación Vial y Puentes; Ana Ivette Campos Cerdas, analista presupuestaria y Málaky Aiza Campos, jefa de ejecución presupuestaria. Además, se solicitó un sobreseimiento definitivo a favor del director financiero, Carlos Solís Murillo.
Días atrás, ante una consulta de EL MUNDO, la Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción aseguró que contaba con pruebas “sólidas”, para pedir que el caso sea elevado a juicio. LEA TAMBIÉN: Ministerio Público acusa a implicados del Conavi y Hernán Solís por pago en navidad
Al respecto, el vocero de Hernán Solís, Carlos Carmiol, indicó el 23 de agosto anterior que “la empresa de manera absoluta rechaza los señalamientos en relación a los hechos que son objeto de investigación y los mismos serán aclarados oportunamente ante las autoridades correspondientes”.
Sobre los hechos, la Contraloría General de la República (CGR) interpuso una denuncia, debido a que en época navideña, en 2011, el Conavi al parecer le pagó a la constructora la totalidad de “5 mil toneladas de cemento Portland”, supuestamente sin que este hubiese sido ejecutado.
El caso está relacionada con el proyecto concesionado ese año a Hernán Solís, para la ampliación y reparación de la Ruta Bernardo Soto, en el tramo Aeropuerto Juan Santamaría-Manolos.
Incluso, el monto se giró a pesar de que presuntamente así no estaba estipulado en el contrato entre ambas partes.
Aunado a ello, la ley permite la figura del adelanto siempre y cuando no supere el 10% del valor de la contratación, sin embargo, acá se habría sobrepasado ese porcentaje al tratarse de casi ₡1000 millones.
En la denuncia se señala que cuatro funcionarios de la institución obviaron las vacaciones colectivas, y junto a Solís Vargas, se apersonaron a trabajar para tramitar el cobro a favor de la compañía.
El ente contralor expuso que “la señora Solís firma la factura irrespetando el trámite respectivo pese a que conocía que no procedía dicho cobro y logrando el beneficio del pago de la factura mediante un trámite bastante célere, ya que de igual manera en el plan delictivo los funcionarios procedieron a aprobarla y ordenar su pago de forma irregular en un tiempo récord e incluso en días de vacaciones colectivas, cometiéndose el delito de pago irregular de contratos administrativos”.
“Todo ello en días en que el Conavi estaba cerrado por vacaciones colectivas pero donde cada uno de estos funcionarios se presenta a trabajar y aprobar con una celeridad bastante sospechosa y cuestionable una factura que carecía de los requisitos”, añade la demanda.
En cuanto a lo expuesto, Fernando Apuy, abogado defensor de Aiza Campos, manifestó que “la Contraloría está tratando de ser más papista que el Papa, no hay ningún contrato administrativo de ejecución de obra pública en el cual no haya adelantos de dinero”.
Acción civil resarcitoria
La Procuraduría General de la República, en días pasados solicitó una acción civil resarcitoria de más de ₡188 millones, que recaerían en contra de los funcionarios de la entidad del gobierno y de la firma constructora H.Solís. LEA TAMBIÉN: Procuraduría exige ₡188 millones a funcionarios de Conavi y a constructora H. Solís
Por el “daño material” la Procuraduría pide ₡88 millones, mientras que la resarción en cuanto al “daño social” sería de ₡100 millones. Lo anterior debido al presunto pago irregular de una factura de casi ₡1000 millones, en diciembre 2011.
Las audiencias por este caso inician mañana y de resolverse que los involucrados deben ir a juicio, entonces pasaría al Tribunal Penal de Hacienda. LEA TAMBIÉN: Conavi y H. Solís comparecerán por supuesto delito de influencia contra la Hacienda pública
Sobre el aparente delito atribuido a los involucrados, el artículo 57 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito señala que “serán penados con prisión de dos a ocho años, el funcionario público y los demás sujetos equiparados que, al intervenir en razón de su cargo, influyan, dirijan o condicionen, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin”.
