San José, 31 jul (elmundo.cr) – El Poder Ejecutivo y la presidencia de la Asamblea Legislativa calificaron este jueves como un “golpe de Estado” la decisión de la Sala Constitucional de prorrogar el nombramiento de sus magistrados suplentes, cuyos periodos vencieron en diciembre de 2025.
La presidenta de la República, Laura Fernández, fue contundente al señalar que la resolución de la Sala IV es “ilegal e inconstitucional” y representa una violación a la división de poderes.
“Esto es, ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa, el único autorizado para nombrar y destituir a los magistrados”, afirmó la mandataria, quien aseguró que el fallo vulnera múltiples artículos de la Constitución Política, incluyendo los referidos a las facultades exclusivas del Congreso.
Por su parte, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, anunció que el próximo lunes el Congreso interpondrá una querella por prevaricato contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, quienes votaron a favor de la medida.
“El Poder Judicial está destruyendo aún más la pobre imagen que tiene hoy. El pueblo es testigo también de la grosera violación del artículo 158 constitucional”, declaró Jiménez, enfatizando que la facultad de nombrar magistrados recae exclusivamente en el Legislativo y no en decisiones “antojadizas” de la Sala Constitucional.
En la misma línea, el jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, hizo un llamado a la defensa de la Constitución y calificó a los magistrados que apoyaron la prórroga como “golpistas”. Según Acosta, la acción busca “proteger los intereses de unos pocos en detrimento de todo el pueblo costarricense”.
El origen del conflicto
La Sala Constitucional, en una votación dividida (4-3), declaró con lugar un recurso de amparo que alegaba la vulneración del derecho de acceso a la justicia debido a la falta de integración del tribunal, ante la omisión de la Asamblea Legislativa de nombrar a los sustitutos desde el vencimiento de los cargos en diciembre pasado.
La resolución, que ha generado una fuerte tensión institucional, ordena a la presidencia del Congreso coordinar la votación de la nómina de candidatos a la mayor brevedad posible, mientras prorroga provisionalmente los nombramientos actuales para evitar la paralización del tribunal.
Este enfrentamiento marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre el Poder Ejecutivo, la mayoría oficialista en el Congreso y la cúpula del Poder Judicial, en un contexto donde el oficialismo ha mantenido una postura crítica hacia la estructura y gestión del sistema judicial costarricense.
